La realidad que atraviesa el PAMI ha pasado de ser una preocupación administrativa a convertirse en una crisis sanitaria de escala nacional. Cuando la actual gestión de Javier Milei asumió el control del organismo, las cifras oficiales mostraban un escenario de solidez: un superávit de 254 mil millones de pesos y un Fondo de Garantía Prestacional que superaba los 217 mil millones.
En aquel entonces, la deuda con los prestadores era inexistente y la entrega de medicamentos y vacunas gratuitas funcionaba sin los sobresaltos que hoy dominan las farmacias y centros de salud de todo el país.
Sin embargo, ese colchón financiero parece haberse evaporado bajo la consigna oficial de que “no hay plata”. Desde el sector Convergencia de Peronistas, el exlegislador Alejandro Sangenis, sostuvo que son varias las agrupaciones políticas y sociales que denuncian “un vaciamiento sistemático que utiliza el ajuste como pantalla para desfinanciar la salud de los sectores más vulnerables”.
“El contraste es brutal: se pasó de una gestión con fondos de reserva a un presente donde las clínicas, los sanatorios y los profesionales médicos denuncian atrasos crónicos en los pagos y un desdoblamiento en el envío de aportes que pone en riesgo la continuidad de los servicios básicos”, manifestaron.
Represión y crisis en la sede local: el conflicto llega a Tucumán
El impacto de este desmantelamiento no es solo una cifra en un balance porteño; se siente en las calles de nuestra provincia. Recientemente, un grupo de jubilados que se manifestó pacíficamente en la sede local del PAMI para exigir lo que por derecho les corresponde, terminó siendo reprimido.
Este episodio ha generado un fuerte repudio, elevando un pedido directo al gobernador Osvaldo Jaldo para que garantice el respeto a los adultos mayores y evite replicar las formas de contención violenta que se han visto a nivel nacional ante reclamos que son, esencialmente, de supervivencia.
El recorte no solo se traduce en falta de medicamentos, sino también en la imposición de topes en las prestaciones que antes eran habituales. Esta limitación obliga a los mayores a elegir qué dolencia atender y cuál postergar, una situación inhumana para quienes aportaron durante toda su vida al sistema.
Las clínicas privadas, asfixiadas por la falta de pago, ya empiezan a restringir turnos y estudios complejos, lo que genera un efecto dominó que termina saturando los hospitales públicos de la provincia, ya de por sí desbordados.
Ante esto, Convergencia de Peronistas, alertó que detrás de este vaciamiento existen negociados que se financian con el dinero de los beneficiarios. Aseguran que mientras se les dice a los abuelos que el sistema es deficitario, los fondos que estaban garantizados para su atención médica han sido desviados o retenidos, provocando un abandono que atenta directamente contra la expectativa de vida de los pensionados. La acusación es grave: un desmantelamiento descarado hecho a plena luz del día.
La situación plantea un dilema moral para la política local. Mientras el Gobierno nacional profundiza el ajuste, la mirada se posa sobre las autoridades provinciales y su capacidad para amortiguar el golpe sobre los jubilados tucumanos.
En un contexto donde la salud se vuelve un lujo y la protesta social es respondida con represión, el futuro del PAMI se encamina hacia una transformación estructural que, por ahora, solo parece dejar desprotegidos a quienes más necesitan de la presencia del Estado.
