A pesar del reciente alivio judicial para la Argentina —luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York anulara la sentencia de primera instancia por US$16.100 millones—, la disputa por la expropiación de YPF podría trasladarse a un terreno históricamente hostil para el país. Los fondos Petersen y Eton Park, representados por Burford Capital, analizan llevar el caso ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, un foro donde el Estado argentino ha acumulado una tasa de derrotas del 86% en las últimas décadas.
Un tribunal con antecedentes adversos para el país
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) interviene en conflictos entre Estados e inversores extranjeros, generalmente amparado en tratados bilaterales de inversión firmados en los años 90. La Argentina es uno de los países más demandados de la región, solo superado recientemente por Venezuela. Según un informe de Transnational Institute, de los 65 casos presentados contra el país:
- 86% de los casos resueltos terminaron con fallos en contra del Estado.
- US$10.046 millones es el monto total de laudos pendientes acumulados.
- 51% de los pleitos se definió a favor de las empresas, mientras que solo el 12% favoreció a la Argentina.
La estrategia de Burford y el precedente de Repsol
Para reflotar la demanda por la estatización del 51% de las acciones, Burford podría basarse en el tratado de inversión con España de 1991. Cabe recordar que por este mismo hecho la petrolera Repsol ya recurrió al CIADI, proceso que se cerró en 2014 tras un acuerdo de compensación por US$5.000 millones durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, los fondos que litigan en Nueva York buscan una vía alternativa para reactivar el reclamo millonario.
Más allá de YPF, la Argentina enfrenta una serie de sentencias firmes y reclamos activos que presionan las reservas:
- Aerolíneas Argentinas: Un laudo en contra por US$390 millones derivado de la expropiación de 2008.
- Energía y servicios: Condenas de US$716 millones (AES Corporation) por pesificación de contratos y US$40 millones (SAUR Internacional) por la rescisión de Obras Sanitarias Mendoza.
- Infraestructura: Un fallo de US$147 millones a favor de la constructora Webuild por el congelamiento de peajes.
La mayoría de estas demandas provienen de inversores de Estados Unidos (22%), España (10%) y Francia (8%), concentrándose principalmente en los sectores de energía, finanzas y agua corriente.
