Una armería de San Miguel de Tucumán volvió a quedar en el centro de una investigación federal por tráfico ilegal de armas que ya tiene alcance nacional e internacional. La causa, que incluyó 141 allanamientos en distintas provincias y dejó al menos 35 detenidos, expone un circuito clandestino que habría operado desde la provincia para abastecer tanto al mercado interno como a organizaciones criminales en países limítrofes.
El expediente local se conecta con una causa mayor que investiga el desvío sistemático de armamento legal hacia redes ilegales.
La investigación comenzó en diciembre de 2023, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un micro en Aguilares con destino a Mendoza. Durante el control, dos ciudadanos chilenos fueron detenidos tras hallarse en su poder ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores sin documentación.
Ese procedimiento activó una pesquisa que permitió reconstruir el recorrido de las armas y detectar un esquema que, según fuentes judiciales, no tenía antecedentes recientes en la provincia.
Cómo operaba el circuito ilegal
De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal federal Agustín Chit, el mecanismo incluía la utilización de personas habilitadas como legítimos usuarios para comprar armas de manera formal.
Luego, ese armamento era desviado al mercado negro.
En ese entramado aparecen vinculados empleados de una armería ubicada en calle Chacabuco al 100, junto a un instructor de tiro, quienes habrían facilitado las operaciones simuladas de compraventa.
También fueron señalados intermediarios y compradores que actuaban como testaferros, sin capacidad económica para justificar la adquisición de múltiples armas.
El destino final, según la causa, era el circuito ilegal, con envíos hacia Chile y otros países de la región.
La investigación tomó mayor dimensión al vincularse con un expediente en Campana, donde se detectó una organización que operaba en todo el país con la misma modalidad: comprar armas en el mercado legal para luego desviarlas.
Los operativos, coordinados por la Policía Federal, se realizaron en al menos 12 provincias, incluyendo Tucumán.
Durante los allanamientos se secuestró un arsenal significativo: escopetas, pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, más de 40.000 municiones, una granada y otros elementos.
El rastro de las armas
Uno de los datos más sensibles de la causa es el destino del armamento. En el expediente tucumano, las armas eran trasladadas a Chile, donde habrían sido utilizadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico.
En la investigación nacional, en tanto, se estableció que el circuito incluía también Uruguay, Brasil y Paraguay.
El patrón se repite: armas adquiridas legalmente, documentación en regla en una primera etapa y luego adulteración o eliminación de numeraciones para su inserción en el mercado clandestino.
Todos los involucrados fueron indagados y el juez federal José Manuel Díaz Vélez aguarda los resultados de pericias clave, entre ellas el análisis de teléfonos celulares, para avanzar en las imputaciones.
Mientras tanto, la causa sigue creciendo y deja al descubierto la dimensión de un negocio ilegal que excede fronteras y que tuvo uno de sus puntos de apoyo en Tucumán.
