El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) admitió que mantiene una deuda millonaria con hospitales públicos de Tucumán. Según documentación oficial enviada al Congreso, el pasivo asciende a $2.289.464.419,31 al 8 de abril, lo que ubica a la provincia entre las más afectadas del país.
La información surgió de las respuestas que la Jefatura de Gabinete remitió a legisladores nacionales en el marco del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
De acuerdo al detalle difundido, Tucumán ocupa el tercer lugar en el ranking de deudas del PAMI con efectores públicos.
Solo es superada por la provincia de Buenos Aires, con más de $7.800 millones, y Córdoba, con más de $4.200 millones. Detrás aparecen Mendoza, Santa Fe y Santa Cruz.
En total, el organismo reconoce un pasivo cercano a los $21.700 millones a nivel nacional.
Demoras y explicaciones del organismo
Los convenios vigentes establecen que las prestaciones deben abonarse dentro de los 60 días desde la presentación de la factura. Sin embargo, desde el PAMI señalaron que parte del atraso responde a cuestiones administrativas.
Según indicaron, muchos hospitales no completaron la documentación requerida, en particular una declaración jurada que certifica que no existen reclamos duplicados ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Ese requisito es clave para avanzar con los pagos y, según el organismo, su ausencia habría demorado la cancelación de parte de la deuda.
Aunque no se detalló el estado de cada efector en particular, el volumen de la deuda vuelve a poner en foco la situación financiera de los hospitales públicos, que dependen en gran medida de estos ingresos para sostener prestaciones.
El atraso en los pagos impacta directamente en la capacidad operativa, especialmente en un contexto de alta demanda de atención.
Otros sectores con pagos pendientes
El informe también incluyó la situación de prestadores de ópticas, donde se reconocieron demoras en los pagos.
Desde el PAMI aseguraron que se realizaron auditorías sobre períodos adeudados y que se implementaron nuevos mecanismos de validación para agilizar el procesamiento de facturas, especialmente en prestaciones realizadas desde marzo en adelante.
La regularización total, sin embargo, dependerá del avance de esas auditorías y de la normalización administrativa de los períodos anteriores.
