
Un adolescente de 17 años fue declarado penalmente responsable por el homicidio de su hermano mayor en un fallo dictado esta semana en los tribunales de San Lorenzo, en Santa Fe. El caso marca un precedente: es el primer juicio que llega a veredicto bajo el nuevo Código Penal Juvenil en la provincia.
La sentencia no fijó aún la pena. Esa definición quedará para una próxima audiencia, tal como establece el nuevo esquema procesal.
El hecho ocurrió el 8 de julio de 2025 en una vivienda de Capitán Bermúdez. En medio de una discusión, el joven —que en ese momento tenía 16 años— atacó a su hermano, Rubén Arévalo, de 21.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue intervenida quirúrgicamente. Permaneció en terapia intensiva, pero falleció al día siguiente.
Tras el episodio, el menor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. Por orden del Ministerio Público de la Acusación, fue derivado al Centro de Admisión y Derivación.
Cómo se desarrolló el juicio
El proceso oral comenzó el 21 de abril en San Lorenzo. La acusación, a cargo del fiscal Maximiliano Nicosia, sostuvo que se trató de un homicidio simple en el marco de una gresca.
Finalmente, la jueza Fabiola Piemonte dictó veredicto de culpabilidad, lo que habilita la segunda etapa del proceso: la audiencia de determinación de la pena.
Desde el Ministerio Público recordaron que el nuevo Código Penal Juvenil establece un sistema en dos etapas. Primero se define la responsabilidad del acusado y, en caso de condena, se fija la sanción en una instancia posterior.
En ese marco, el joven —hoy de 17 años— deberá enfrentar una nueva audiencia donde se resolverá si recibe una medida privativa de libertad o una alternativa.
El expediente se convirtió en el primero en llegar a esta instancia bajo el nuevo régimen en Santa Fe, a diez meses del hecho.
Mientras tanto, familiares y vecinos siguen de cerca el proceso judicial que dejó a una familia atravesada por la tragedia.
La resolución final aún está pendiente y será clave para definir el alcance concreto de la nueva legislación en casos de delitos graves cometidos por menores.
