
El organismo tendrá como misión principal la elaboración de un plan integral para evitar desbordes en las cuencas provinciales. El vicegobernador Miguel Acevedo firmó el decreto que designa a los parlamentarios que encabezarán el espacio, el cual contará con el asesoramiento de universidades y especialistas técnicos.
La Legislatura de Tucumán dio un paso decisivo en la organización de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, el cuerpo técnico y político que buscará dar una solución estructural a las inundaciones que afectan periódicamente a diversas localidades del interior. Mediante el Decreto 25-HL-2026, el vicegobernador Miguel Acevedo formalizó la composición de este comité que tendrá a Tulio Caponio, actual presidente de la comisión de Obras Públicas, como una de sus figuras centrales.
La conformación de este espacio es el resultado de un consenso unánime alcanzado en el recinto a mediados de abril. El equipo de trabajo quedó integrado por los legisladores titulares Alberto Olea, Christian Rodríguez, José Cano, Eduardo Verón Guerra y Roque Argañaraz, además del mencionado Caponio. Para garantizar la continuidad de las tareas ante cualquier eventualidad, también se nombró como suplentes a Carlos Gallia, Walter Berarducci, Francisco Serra y Roberto Moreno.
Sin embargo, la labor no será estrictamente parlamentaria. La normativa que rige a la comisión estipula una apertura hacia el sector científico y académico, integrando a delegados de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Tecnológica Nacional. A este equipo se sumarán representantes del Poder Ejecutivo, técnicos de la Dirección de Recursos Hídricos y especialistas en ingeniería hidráulica que actuarán como asesores permanentes para otorgar sustento técnico a los proyectos de infraestructura que se diseñen.
Uno de los objetivos inmediatos del organismo será rescatar y actualizar los estudios hídricos realizados entre 2017 y 2019, utilizándolos como base para nuevas propuestas. La intención de fondo es que la provincia cuente con proyectos ejecutivos sólidos que le permitan salir a buscar financiamiento internacional para obras de gran envergadura. Para ello, la Legislatura destinará fondos propios que financiarán los estudios de campo en las cuencas más críticas de nuestro territorio.
El esquema de trabajo prevé encuentros quincenales y establece un plazo de 180 días para la presentación de un informe final con las conclusiones y el plan de acción sugerido. Si bien todavía restan definir algunos nombres por parte de las universidades y del Ejecutivo, en el palacio legislativo estiman que la primera reunión operativa se concretará a mediados de la próxima semana, dando inicio formal a una cuenta regresiva que busca anticiparse a la temporada de lluvias del próximo verano.
