La Justicia federal investiga consumos por aproximadamente $139 millones realizados con tarjetas de crédito por Manuel Adorni entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, período en el que se desempeñó como vocero presidencial y posteriormente como jefe de Gabinete.
La información surge de los resúmenes bancarios incorporados al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita. Según trascendió, los investigadores realizaron un cálculo preliminar basado en esa documentación mientras esperan un informe oficial solicitado a la Dirección General de Asesoramiento Técnico Integral en Investigaciones Penales (DATIP).
De acuerdo con las estimaciones realizadas en el marco de la causa, los consumos registrados durante poco más de dos años alcanzarían los $139 millones, una cifra que, según los investigadores, superaría los ingresos percibidos por Adorni durante su paso por la función pública.
Además de los movimientos con tarjetas personales, la investigación analiza declaraciones de testigos que aseguraron que el exfuncionario habría utilizado tarjetas de crédito pertenecientes a empleados de su entorno para realizar compras vinculadas a artículos de videojuegos. Según esos testimonios, posteriormente reintegraba el dinero en efectivo.
Otro de los puntos que forman parte de la pesquisa está relacionado con presuntos gastos en efectivo para la remodelación de una propiedad ubicada en el barrio privado Indio Cuá. En ese sentido, el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que se habrían abonado unos 245.000 dólares en efectivo para la realización de distintas obras.
La causa tomó impulso luego de que la Justicia ordenara el levantamiento del secreto bancario del entonces funcionario, permitiendo acceder a información financiera y patrimonial que actualmente es analizada por los investigadores.
Según los datos incorporados al expediente, Adorni percibió un salario mensual cercano a los $3,5 millones hasta fines de 2025. Posteriormente, sus ingresos habrían ascendido a aproximadamente $7,6 millones mensuales tras asumir nuevas responsabilidades dentro del Gobierno.
Los investigadores buscan determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el exfuncionario y el nivel de gastos detectado durante el período bajo análisis. Por el momento, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas y aún no se adoptaron definiciones judiciales sobre la situación procesal de Adorni.
