La Justicia Federal archivó la denuncia penal presentada contra los integrantes de la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), al considerar que no existió delito en las decisiones adoptadas durante el proceso electoral que derivó en la suspensión de la elección de rector.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez hizo lugar al dictamen del fiscal Agustín Chit y resolvió desestimar la denuncia impulsada por los candidatos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala, quienes habían acusado a los miembros de la Junta Electoral de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación judicial estaba dirigida contra Fernando Valdez, Ángeles Igarzábal y Luis Alberto López Fernández, integrantes del organismo electoral universitario, por haber suspendido provisoriamente el proceso electoral luego de que una medida cautelar impidiera la candidatura del entonces rector Sergio Pagani para un nuevo mandato consecutivo.
Según los denunciantes, la Junta debía excluir únicamente la fórmula alcanzada por la cautelar y proclamar automáticamente a la restante. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal concluyó que las resoluciones adoptadas buscaron adecuar el cronograma electoral a la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones y no configuraron ningún ilícito penal.
En su resolución, Díaz Vélez sostuvo que el dictamen del fiscal resultó razonable y compartió el criterio de que la Junta Electoral actuó dentro de las facultades que le otorgan el Estatuto de la UNT y la normativa universitaria.
Además, el magistrado remarcó que las medidas cuestionadas tuvieron como objetivo garantizar el normal desarrollo del proceso electoral mientras se resolvía el conflicto de fondo sobre la posibilidad de una nueva candidatura de Pagani.
De esta manera, la Justicia descartó que las actuaciones de la Junta Electoral implicaran un incumplimiento de la medida cautelar y resolvió archivar definitivamente la causa penal en primera instancia.
