Nueve ahorristas se presentaron ante la Justicia provincial para demandar a Diego Gerardo Ovejero, a quien acusan de captar fondos bajo la promesa de retornos extraordinarios mediante la compra y venta de azúcar a gran escala. La maniobra, que acumula un perjuicio estimado en más de $740 millones, utilizaba contratos de mutuo, pagarés sin respaldo y cheques apócrifos, un modus operandi que llevó a la Justicia ordinaria a declararse incompetente y girar las actuaciones al fuero federal.
La carnada de la “estafa piramidal azucarera”
La operatoria de captación de capitales, que según las denuncias radicadas ante la fiscalía de Diego López Ávila comenzó hace al menos tres años, guarda una estrecha similitud con otros casos de ingeniería financiera fraudulenta registrados recientemente en la provincia.
En esta oportunidad, la estrategia de atracción de fondos se apalancó en una de las industrias más representativas del norte argentino: la producción de azúcar.
- La promesa de rendimiento: Ovejero captaba a sus víctimas ofreciendo tasas de interés mensual que oscilaban entre el 12% y el 15%, dependiendo del volumen invertido y de si el capital era entregado en pesos o en dólares.
- La pantalla de solvencia: El denunciado se presentaba como el nexo comercial con los principales ingenios azucareros de la provincia, afirmando ser hijo de un prestigioso profesional abocado a la certificación de calidad del endulzante.
- Generación de confianza: Para aceitar el mecanismo de recomendación “boca a boca” (esencial en los esquemas Ponzi o piramidales), el imputado cumplía con los pagos de renta correspondientes a los dos primeros meses. Lograda la confianza del aportante y la de sus referidos, cesaba los pagos y rompía el contacto.
El tendal de cheques sin fondos, pagarés y “08” duplicados
A medida que el esquema comenzó a desmoronarse por la falta de liquidez para sostener los intereses de la pirámide, los damnificados —representados por los letrados Ernesto García Biagosch, José María Molina, Ariel Lezcano, Candelaria Hernández y Patricio Char— descubrieron una red de maniobras destinadas a dilatar los reclamos de cobro:
- Garantías ficticias: Ovejero firmaba contratos de mutuo y entregaba pagarés o formularios 08 de vehículos como respaldo de la inversión. Tiempo después, la querella constató que los mismos rodados habían sido entregados como garantía en simultáneo a por lo menos cinco acreedores distintos.
- Maniobras delictivas de pago: Con la presión de los inversores en alza, el denunciado recurrió a la entrega de cheques falsos o sin fondos de manera sistemática.
- Acuerdos de conciliación estériles: El acusado solía presentarse en el Ministerio Público de Tucumán para firmar planes de pago ante escribano público con el único fin de evitar el avance de las causas penales, compromisos que jamás llegó a honrar. Incluso, según expuso la defensa de las víctimas, llegó a citar a ahorristas en entidades bancarias para realizarles depósitos y nunca se presentó.
El expediente pasa a la Justicia Federal
A raíz del volumen de damnificados, las características de la captación masiva de ahorros públicos sin autorización del Banco Central y el presunto delito de intermediación financiera no autorizada, la Justicia provincial de Tucumán se declaró incompetente en el caso.
El expediente fue derivado formalmente a los Tribunales Federales de TucumánHaz clic para abrir el panel lateral y obtener más información para que continúe el trámite de la investigación criminal. En tanto, una magistrada de la provincia ya rechazó un pedido de sobreseimiento solicitado por los defensores de Ovejero, argumentando que restan múltiples medidas de prueba por producir. Las querellas anticipan que, ante la notoriedad del caso, el número de denunciantes y el monto global del perjuicio continuarán en ascenso durante los próximos días.
