Nicolás Augusto Navarro Flores admitió su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibió una pena de cumplimiento efectivo. Además, deberá pagar una reparación económica de $100 millones a la familia de la víctima. La causa por el femicidio continúa contra el presunto autor y otros imputados.
La Justicia de Tucumán condenó a Nicolás Augusto Navarro Flores, de 37 años, a tres años de prisión efectiva por encubrir el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero de 2026 en un basural de Manantial Sur.
La sentencia fue dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, luego de que el imputado reconociera su responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado, debido a la gravedad del crimen precedente. Como parte del acuerdo, también se estableció una reparación económica de $100 millones destinada a los familiares de la víctima.
El juicio abreviado y la condena
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, y el acuerdo fue suscripto entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa del acusado y la querella.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma calificó el hecho como “brutal” y recordó que el cuerpo de la joven fue abandonado en un basural dentro de bolsas de residuos, una circunstancia que, según sostuvo, representó un nuevo agravio contra la dignidad de la víctima.
La representante del MPF también destacó que Navarro Flores colaboró durante la investigación al declarar en dos oportunidades y responder las preguntas de los investigadores. Sin embargo, aclaró que nunca se presentó voluntariamente ante la Justicia y que fue detenido el 25 de febrero, tras una investigación desarrollada por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Las pruebas que fundamentaron la sentencia
El juez Bernardo L’Erario Babot consideró acreditado que la participación de Navarro Flores ocurrió después del homicidio y que colaboró para ocultar pruebas y favorecer la impunidad del autor del crimen.
Entre las evidencias valoradas se encontraron los análisis de comunicaciones telefónicas realizados por la Dirección de Análisis Criminal del ECIF, que detectaron reiterados contactos entre Felipe Sosa y Navarro Flores durante las horas posteriores al asesinato.
Además, los estudios de impacto de antenas ubicaron ambos teléfonos en la misma zona correspondiente al domicilio de Sosa, mientras que las cámaras de seguridad permitieron registrar el ingreso al lugar de una motocicleta con características similares a la perteneciente al condenado.
Con esos elementos, el magistrado homologó el acuerdo de juicio abreviado y la sentencia quedó firme luego de que todas las partes renunciaran a presentar recursos de apelación.
Cómo habría actuado el condenado
De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen ocurrió durante la madrugada del 7 de enero de 2026, cuando Felipe Sosa habría golpeado violentamente a Érika Álvarez en una vivienda ubicada sobre calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena, provocándole la muerte por un traumatismo cráneo-facial y cervical.
La investigación sostiene que Navarro Flores llegó al domicilio luego de recibir llamados telefónicos de Sosa, permaneció allí alrededor de 20 minutos y continuó comunicándose con él durante el resto de la jornada.
Horas más tarde regresó en una camioneta Toyota Hiace, donde volvió a reunirse con Sosa y con Justina Gordillo. Según la acusación, recibió dos bolsas entregadas por Sosa y posteriormente se deshizo de ellas.
Para la Fiscalía, esas maniobras fueron determinantes para ocultar el cuerpo, prendas de vestir y otros elementos relacionados con el femicidio, favoreciendo que el principal acusado pudiera evitar la acción de la Justicia.
La causa continúa contra otros imputados
El proceso judicial por el femicidio de Érika Álvarez sigue avanzando respecto de los demás acusados.
Felipe Sosa, de 50 años, continúa imputado como presunto autor del femicidio.
Por su parte, Justina Gordillo, de 48 años, está acusada de encubrimiento agravado por tratarse de un hecho especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública.
En tanto, Jorge Orlando Díaz, de 40 años, enfrenta cargos por encubrimiento agravado por la gravedad del delito precedente.
