El margen de tolerancia social ante el programa económico del Gobierno nacional muestra señales de desgaste acelerado. Según un relevamiento de la consultora QSocial realizado en todo el país, el 50% de los argentinos asegura que ya no está en condiciones de seguir esperando una mejora en su situación financiera personal, en un escenario donde la incertidumbre sobre el rumbo general vuelve a ganar terreno.

El estudio, confeccionado sobre 1.323 casos representativos con un margen de error de ±2,9%, expone la erosión del crédito temporal que parte de la sociedad le otorgaba a las reformas. Mientras la mitad de los consultados dio por agotada la espera, apenas un 20% manifestó disposición para aguardar los resultados hasta las elecciones presidenciales de 2027, un 10% fijó su límite a fin de este año y el 8% restante se estiró hasta mediados del próximo año.

Termómetro social y el peso de las preocupaciones

Al evaluar la foto del presente, las respuestas reflejan la dureza del momento: el 48% de la población califica la situación actual del país como “mala” y un 35% la define como “regular”. Solo un 16% encuentra motivos para catalogarla como “buena”, aunque un 31% sostiene que, al margen de la dificultad actual, el escenario general muestra avances en comparación con diciembre de 2023.

La mirada hacia adelante tampoco ofrece alivio para el oficialismo. De cara a los próximos doce meses, el 47% prevé que la economía estará en peores condiciones que hoy, contra un 26% que confía en una recuperación y un 21% que proyecta una mesa sin cambios significativos.

El ranking de las inquietudes cotidianas volvió a reordenarse bajo el impacto del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo:

• Trabajo y Pobreza: Encabezan las prioridades sociales con el 21% de las respuestas cada una.
• Corrupción: Se posiciona como el tercer foco de atención con el 19%.
• Inflación e Inseguridad: Quedaron relegadas al 11% y 8% respectivamente.

Frente a este mapa de problemas, la confianza en la capacidad de respuesta de la Casa Rosada arroja un saldo negativo: seis de cada diez encuestados (61%) dudan de que la gestión tenga las herramientas o la capacidad para resolver las demandas prioritarias, frente a un 32% que respalda la conducción oficial.

La discusión sobre el sentido del esfuerzo

El relevamiento pone una lupa sobre el relato del oficialismo en torno al sacrificio presente en pos de una prosperidad futura. En ese punto, la grieta de expectativas se profundiza: el 67% de los encuestados rechazó la premisa de que el ajuste actual resulte una condición indispensable para alcanzar un mayor bienestar, coincidiendo en la misma proporción al afirmar que el costo social asumido hasta hoy “no valdrá la pena”.

Por el contrario, un tercio de la sociedad (entre el 31% y el 32%) mantiene su alineamiento con la estrategia del Poder Ejecutivo, validando la tesis del esfuerzo diferido. La percepción de hacia dónde se orientan los beneficios de las medidas termina de completar el cuadro: un 64% opina que el Gobierno prioriza los intereses de determinados sectores económicos concentrados, mientras que un 25% considera que las decisiones se toman pensando en el conjunto de la ciudadanía.