El tablero político y judicial de la Universidad Nacional de Tucumán volvió a sacudirse en los tribunales federales. A escasos días de que venza la medida que paralizó el proceso comicial, la fórmula opositora integrada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala se presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones para solicitar formalmente que la cautelar se extienda por tres meses más o se mantenga firme hasta que se dicte una sentencia de fondo.
La presentación, rubricada por el abogado Manuel Gonzalo Casas, llegó al expediente apenas horas antes de la frustrada reunión del Consejo Superior del martes, donde el oficialismo no logró encauzar la fijación del nuevo calendario electoral debido a que la Junta Electoral no terminó de procesar las fechas técnicas tras la feria invernal.
La acusación de maniobras dilatorias
En el escrito ingresado a la causa, la oposición sostuvo que el rectorado promueve recursos y planteos con el único fin de estirar los plazos procesales. Según los demandantes, la UNT volvió a insistir con argumentos que la propia Cámara Federal ya había desestimado cuando dictó la suspensión del proceso el pasado 15 de mayo y cuando rechazó el posterior incidente de nulidad de la universidad.
Frente a ese cuadro, la estrategia de Cabrera y Abdala busca evitar que el vencimiento de la cautelar deje el camino expedito para la oficialización de las listas sin que la Justicia se haya pronunciado sobre la cuestión central: si la carta orgánica de la UNT habilita o prohíbe una nueva postulación de Pagani.
Para apuntalar el pedido, la defensa opositora invocó el artículo de la Ley de Cautelares contra el Estado (Ley 26.854) que obliga a los jueces a evaluar el comportamiento de las partes durante el proceso. En ese punto, remarcaron que mientras la querella solicitó prontas resoluciones y la habilitación de días inhábiles para acelerar la causa, la conducción universitaria adoptó una postura defensiva orientada a diferir los tiempos.
La universidad, entre el interinato y la incertidumbre
El nuevo movimiento en los tribunales federales consolida un escenario de parálisis que lleva casi cuatro meses. Desde mayo, cuando la cautelar frenó el cronograma original previsto para la votación, la conducción de la casa de altos estudios quedó de manera interina en manos de la decana de la Facultad de Derecho, Cristina Grunauer.
Con las 13 facultades ya renovadas y los 161 integrantes de la Asamblea Universitaria consagrados, la definición del Rectorado es el único casillero que permanece abierto en el recambio institucional para el período 2026-2030. Sin embargo, cualquier movimiento que intente dar el Consejo Superior en sus próximas sesiones ordinarias continuará condicionado por la firma de los jueces federales, de cuyo dictamen depende el futuro político de la UNT.
