Bajo la consigna de reducir los costos operativos y agilizar el comercio exterior, el Gobierno nacional puso en marcha un régimen simplificado para la importación de alimentos, aditivos, envases y materias primas. La medida quedó oficializada este lunes a través del Decreto 697/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La nueva normativa elimina la obligación de tramitar el registro previo en el Código Alimentario Argentino para aquellos productos que ya cuenten con certificación sanitaria en países homologados o bajo los estándares del Codex Alimentarius (FAO/OMS). A partir de esta reforma, las empresas importadoras solo deberán presentar una declaración jurada acompañada por el certificado de libre venta emitido en el país de origen.

Aprobación automática en 30 días y prohibición de exigencias locales

El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei junto a los ministros Diego Santilli, Luis Caputo y Mario Lugones, prohíbe de forma explícita que los organismos locales impongan barreras o requisitos adicionales a los fijados por la Casa Rosada.

Entre las modificaciones centrales del nuevo esquema se destacan:

• Silencio positivo: Se fijó un plazo máximo de 30 días corridos para que las autoridades resuelvan los trámites de ingreso. Si el Estado no emite un pronunciamiento en ese lapso, la comercialización del producto quedará habilitada automáticamente.
• Reestructuración de controles: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) asumirá la fiscalización directa, el control en fronteras y la supervisión de los establecimientos, mientras que el Ministerio de Salud mantendrá la rectoría normativa general.
• Simplificación de registros: Se creó una Base Única de Datos para centralizar laboratorios e inspecciones, al tiempo que se estableció la validez nacional e indefinida para los carnets de manipuladores de alimentos.

Fundamentos oficiales y reparos de la industria

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que el marco normativo anterior generaba asimetrías que perjudicaban a la producción nacional, ya que las fábricas locales enfrentaban burocracia para importar insumos que luego sí ingresaban libremente incorporados dentro de productos terminados extranjeros. Con esta apertura, la administración busca fomentar la competencia, reducir costos en la cadena comercial y facilitar el acceso a insumos clave.

Sin embargo, la medida genera cautela en el sector industrial y en especialistas del área sanitaria, quienes expresaron dudas respecto de la capacidad operativa para fiscalizar la calidad microbiológica y la inocuidad de los alimentos que ingresen bajo la modalidad de declaración jurada.