Entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026 se registraron 153 femicidios en la Argentina, lo que representa una muerte violenta por motivos de género cada 33 horas. Las cifras se desprenden del último relevamiento presentado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, organismo que alertó sobre la escalada de casos y el impacto del desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a la contención y prevención.

En declaraciones a LV12, la directora general del observatorio, Raquel Vivanco, manifestó una profunda preocupación por la dinámica ascendente de los indicadores y apuntó directamente contra la orientación del Poder Ejecutivo Nacional. Según expuso la referente, el avance de la violencia contra las mujeres y diversidades coincide con el cierre de la mayoría de los programas creados para el abordaje integral de la problemática, en contravención con las leyes vigentes y los tratados internacionales de derechos humanos.

“Las mujeres en Argentina estamos en peligro”: críticas a la inacción estatal

Vivanco cuestionó la retirada del Estado en la asistencia a las víctimas y sostuvo que la retórica oficial fomenta un clima de hostilidad hacia las demandas del colectivo:

• Subregistro de casos: Además de los 153 femicidios confirmados, el observatorio contabiliza al menos un intento de femicidio por día según el monitoreo de medios de comunicación, por lo que estiman que las cifras reales son aún superiores.
• Ataque a las políticas de género: Denunció la proliferación de discursos misóginos que deslegitiman las denuncias y el silenciamiento del debate en la agenda pública y mediática.
• Caída en las denuncias: La referente remarcó que las víctimas acuden cada vez menos a la Justicia por falta de garantías. Históricamente, el organismo registraba que un 18% de las mujeres asesinadas contaba con denuncias previas, lo que evidencia fallas estructurales en el sistema de protección estatal.

Por último, la titular del observatorio enfatizó la urgencia de reestructurar los mecanismos de asistencia para evitar la revictimización de quienes denuncian y garantizar que las medidas cautelares resulten efectivas para frenar a los agresores.