Georgia atraviesa una extensa crisis política marcada por movilizaciones que ya superan los 600 días. En Tiflis, la capital, manifestantes continúan saliendo a las calles para reclamar elecciones libres y denunciar lo que consideran una deriva autoritaria del Gobierno.
Las protestas se profundizaron después de las elecciones parlamentarias de octubre de 2024, cuando el partido gobernante Sueño Georgiano aseguró su mayoría. La oposición denunció irregularidades y desconoció los resultados oficiales.
El alejamiento de Europa profundizó el conflicto
La tensión aumentó después de que el Gobierno suspendiera las negociaciones para avanzar en la incorporación de Georgia a la Unión Europea, un objetivo que mantiene un importante respaldo entre la población.
A esto se sumaron controvertidas medidas sobre las organizaciones que reciben financiamiento internacional. Sus críticos sostienen que estas normas están inspiradas en el modelo ruso y buscan limitar el funcionamiento de organizaciones civiles y medios independientes.
El giro político también genera rechazo por la compleja relación histórica con Moscú. Rusia mantiene bajo su influencia a Abjasia y Osetia del Sur, dos territorios separatistas cuya situación continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre ambos países.
Denuncias de represión y presión contra la oposición
Organizaciones civiles y sectores opositores denuncian un endurecimiento de la respuesta estatal contra las manifestaciones, con detenciones y sanciones contra quienes participan de las protestas.
Periodistas, dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales también enfrentan crecientes restricciones, mientras las autoridades endurecieron las penas relacionadas con determinadas formas de protesta.
Pese al desgaste y al temor a nuevas sanciones, las movilizaciones continúan. Para quienes participan de las protestas, la disputa excede la política interna: también está en juego si Georgia mantiene su orientación hacia Europa o profundiza su acercamiento con Rusia.
