El posible paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) generó el rechazo del Gobierno de Tucumán y de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla cuestionaron la medida de fuerza prevista para este viernes y coincidieron en reclamar que el conflicto entre los trabajadores y las empresas se resuelva mediante el diálogo.
Ambos funcionarios destacaron, además, los aportes que realizan la Provincia y los municipios para sostener el sistema de transporte público y advirtieron que, si finalmente no se presta el servicio, podrían tomar decisiones dentro del marco legal.
Chahla cuestionó el paro de colectivos en Tucumán
Chahla sostuvo que el municipio todavía no había recibido una comunicación oficial sobre la medida de fuerza y remarcó que la Municipalidad viene cumpliendo con los aportes acordados para contribuir al sostenimiento del transporte.
“Creemos que deben cumplir porque es esencial para la gente que va a la escuela, para la que va al trabajo y porque necesitamos el transporte”, afirmó la intendenta.
La jefa municipal también cuestionó la frecuencia con la que se producen las medidas de fuerza en el transporte público.
“No podemos estar cada 30 o 40 días teniendo un paro de colectivos”, señaló.
En ese sentido, explicó que el Municipio trabaja junto con la Provincia en distintas alternativas para transformar el sistema de transporte y encontrar soluciones de manera progresiva.
“Los acuerdos se hacen entablando relaciones y conversaciones”
La intendenta planteó que la medida de fuerza no contribuye a resolver el conflicto y pidió que las partes mantengan abiertas las instancias de negociación.
“Si no hay diálogo, si de repente hacemos un paro, no es la manera de consensuar o de llegar a un acuerdo”, sostuvo Chahla.
Y agregó: “Los acuerdos se hacen entablando relaciones, conversaciones y no amedrentando”.
La funcionaria también puso el foco en los usuarios que dependen del transporte público para trasladarse diariamente.
“Lo único que importa acá es que no se corte el hilo por lo más débil, que es la gente que más lo necesita”, remarcó.
Jaldo respaldó a Chahla y pidió “reciprocidad”
El gobernador Osvaldo Jaldo coincidió con el planteo de la intendenta y reconoció que el derecho a realizar una huelga está contemplado por la Constitución.
Sin embargo, sostuvo que quienes deciden avanzar con una medida de fuerza también deben asumir las consecuencias que pueda generar.
“El paro es constitucional, es legal. O sea, quien toma una medida de este tipo tiene que asumir la responsabilidad y, por qué no decirlo, asumir las consecuencias”, afirmó.
Jaldo remarcó que el Gobierno provincial no está de acuerdo con una paralización del transporte y destacó el esfuerzo económico que realizan la Provincia y los municipios para mantener el servicio.
Según explicó, además del aporte provincial y municipal en San Miguel de Tucumán, otros municipios del interior también colaboran con las líneas que circulan en sus respectivas jurisdicciones.
El aporte de la Provincia y los municipios al transporte
Jaldo aseguró que las compensaciones y aportes destinados al sistema permiten sostener los salarios de los trabajadores del transporte público nucleados en la UTA.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico para sostener el transporte en la provincia de Tucumán”, señaló.
De acuerdo con lo expresado por el gobernador, el sistema involucra a más de 3.500 trabajadores y presta servicio a aproximadamente 600.000 usuarios diarios.
El mandatario sostuvo que el esfuerzo económico tiene dos objetivos: garantizar la continuidad del servicio y contribuir a que los trabajadores puedan percibir sus salarios.
Jaldo advirtió que podrían tomar medidas si no hay servicio
Jaldo fue contundente al plantear que la Provincia no está dispuesta a aceptar una interrupción del transporte.
“Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un paro”, afirmó.
En ese marco, pidió reciprocidad a los sectores involucrados en el conflicto y sostuvo que quienes adopten medidas que afecten el funcionamiento del servicio también deberán asumir sus responsabilidades.
“Pedimos que si se toman medidas extremas, se hagan cargo los responsables”, expresó.
Finalmente, el gobernador advirtió que la falta de prestación del servicio podría modificar la postura de la Provincia y del municipio.
“Nosotros vamos a acompañar en la medida que se cumpla el servicio. Si el servicio no se cumple, también están liberando al municipio y a la Provincia de tomar decisiones dentro de las leyes y dentro de la Constitución provincial”, sostuvo.
Por el momento, la definición sobre el paro de colectivos en Tucumán continúa atada a las negociaciones entre la UTA y los empresarios. Mientras el gremio mantiene su reclamo salarial, el Gobierno provincial y el municipio capitalino buscan evitar una interrupción del servicio y advierten que podrían avanzar con medidas si finalmente los colectivos no circulan.
