El Gobierno argentino definió su estrategia judicial para intentar evitar el pago de más de US$390 millones reclamados por Titan Consortium a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
La Procuración del Tesoro presentará este miércoles un pedido de revisión ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, apenas un día antes de que venza el plazo para hacerlo. El objetivo es que el mismo tribunal que confirmó la condena contra la Argentina vuelva a analizar su decisión.
El Gobierno busca mantener abierta la disputa
El escrito estaba en su etapa final de elaboración y será presentado por el equipo encabezado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a los subprocuradores Santiago Castro Videla, Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira.
La presentación buscará revisar el fallo del 21 de julio, cuando la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia que habilitó a Titan a avanzar con el reconocimiento y cobro del laudo internacional.
Por ahora, la estrategia no contempla pedir la suspensión de la sentencia para impedir que el consorcio avance con el cobro. En el Gobierno consideran que ese recurso no se ajustaría a la etapa actual del expediente y analizan otras alternativas procesales.
El objetivo inmediato es evitar que quede firme el pago de US$390.907.115,55, monto al que deben sumarse los intereses acumulados desde diciembre de 2024.
El origen de la disputa por Aerolíneas Argentinas
El conflicto se remonta a 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans.
Los accionistas de las compañías iniciaron posteriormente un arbitraje ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas. El Estado intentó anular el laudo, pero ese planteo fue rechazado en 2019.
Los derechos económicos derivados de esa condena terminaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y la ejecución del laudo.
La discusión está centrada en la prescripción
El principal argumento de la Argentina estuvo relacionado con el plazo para reclamar judicialmente el reconocimiento del laudo.
La defensa sostuvo que la acción había prescripto porque debía aplicarse un plazo de tres años. Sin embargo, los tribunales estadounidenses determinaron que correspondía utilizar un período de 12 años, por lo que consideraron vigente el reclamo presentado por Titan.
La Cámara de Apelaciones ratificó esa interpretación en julio y dejó en pie la condena contra el Estado argentino.
La Corte Suprema de EE.UU., la próxima alternativa
Con el pedido de revisión ante la Cámara, el Gobierno busca agotar una instancia antes de acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Si los jueces rechazan la presentación, la Argentina podrá solicitar que el máximo tribunal estadounidense tome el caso. Sin embargo, la Corte Suprema no está obligada a revisar el expediente y selecciona los casos que acepta.
Mientras tanto, Titan también busca avanzar sobre activos argentinos en Estados Unidos para intentar ejecutar la condena.
El Gobierno sostiene que su estrategia apunta a extender los tiempos de los principales litigios contra el Estado y mantener abiertas todas las vías judiciales posibles antes de afrontar un eventual desembolso millonario.
