El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sumó una nueva dimensión luego de que trascendiera que la cantante busca recuperar el control sobre el patrimonio generado durante sus más de 15 años de carrera.
La artista habría iniciado una auditoría privada para revisar el manejo de sus ingresos y las sociedades vinculadas con su actividad profesional. Según la información difundida por sus abogados, Tini actualmente no tendría participación accionaria ni control sobre las estructuras societarias que canalizan parte de los ingresos generados por su música, su imagen y sus contratos comerciales.
En ese contexto, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó en Infobae en Vivo cuáles podrían ser las consecuencias judiciales si la investigación detectara maniobras irregulares.
Qué reveló la auditoría sobre el patrimonio de Tini
De acuerdo con la información aportada por los abogados de la cantante, la auditoría habría detectado que los derechos económicos vinculados con su carrera y su imagen están canalizados a través de sociedades sobre las que Tini no tendría participación ni control.
Otro de los puntos bajo análisis está relacionado con los ingresos provenientes de sus contratos discográficos. Según se explicó, existiría una sociedad que recibe esos fondos sin que la artista tenga control directo sobre ella.
Además, se habría detectado la existencia de compromisos contractuales para los próximos años, mientras que Tini no tendría garantizada una participación directa sobre determinadas ganancias futuras.
La situación habría comenzado a modificarse en junio de 2026, cuando la cantante logró acceder a una cuenta bancaria exclusivamente a su nombre con la intervención de sus nuevos abogados.
El objetivo de Tini sería ahora reorganizar el patrimonio construido durante su carrera y recuperar el control sobre la administración de sus ingresos y su actividad profesional.
Qué dijo el abogado sobre el rol de Alejandro Stoessel
Sigal explicó que el hecho de que algunas sociedades estén vinculadas con el padre de Tini no constituye por sí mismo un delito.
El abogado recordó que cuando la cantante comenzó su carrera era menor de edad y que, en ese contexto, su padre podía intervenir en la administración de determinados aspectos económicos y contractuales.
Sin embargo, aclaró que esa situación cambia cuando la persona alcanza la mayoría de edad.
“La potestad se extingue a los dieciocho años”, explicó Sigal al analizar el marco legal que regía cuando Tini era menor.
Por eso, el punto central de la investigación no sería simplemente quién figura como titular de las sociedades, sino cómo fueron administrados los recursos de la cantante y si existió algún perjuicio económico en su contra.
Los posibles delitos que podrían investigarse
El abogado señaló que, si la auditoría detectara un perjuicio patrimonial provocado por la administración de los bienes de Tini, podrían entrar en consideración distintos delitos contemplados en el Código Penal.
“Si del resultado de esa pericia resulta que hay un detrimento patrimonial por parte del padre hacia ella, ahí entraría a jugar el artículo 172, 173”, explicó Sigal.
Esos artículos contemplan distintas modalidades de defraudación y administración fraudulenta.
De todos modos, el especialista remarcó que la auditoría realizada por iniciativa de la cantante no sería suficiente por sí sola para determinar responsabilidades penales. En caso de presentarse una denuncia, la Justicia debería realizar sus propias pericias y determinar si existieron efectivamente maniobras ilícitas.
Qué penas podrían corresponder
Según el análisis de Sigal, los delitos de defraudación y administración fraudulenta contemplan penas de entre uno y seis años de prisión, dependiendo de la figura que finalmente se determine.
El abogado también explicó que, si se comprobara la existencia de varias maniobras independientes, podrían aplicarse las reglas del concurso real, lo que podría aumentar la gravedad de la situación penal.
Además, Sigal planteó que la investigación podría extenderse al aspecto tributario de las sociedades involucradas. Si se detectaran irregularidades impositivas, podrían abrirse otras investigaciones relacionadas con eventuales delitos contra el Estado.
Por ahora, no existe una imputación penal contra Alejandro Stoessel y tampoco se determinó judicialmente que haya cometido algún delito. El resultado de la auditoría y una eventual investigación judicial serán los que permitan establecer si existieron irregularidades y quiénes serían eventualmente responsables.
