La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dio un paso decisivo hacia la regulación del transporte privado de pasajeros al anunciar la creación de un padrón municipal propio y obligatorio para todos los choferes que operan a través de aplicaciones digitales como Uber, DiDi y Cabify.
Esta iniciativa impulsada por la gestión de la intendenta Rossana Chahla se instrumenta luego de que vencieran los plazos legales otorgados a las empresas tecnológicas para adecuarse de forma integral a la normativa vigente en la capital provincial.
Según explicaron desde el Ejecutivo local, el balance de la convocatoria mostró un cumplimiento dispar por parte de las corporaciones: mientras que Cabify completó satisfactoriamente los trámites exigidos, Uber y DiDi omitieron fijar domicilio legal en la provincia e incumplieron con la presentación de la nómina de sus prestadores.
Ante esta falta de respuesta institucional, el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, confirmó que el municipio aplicó sanciones económicas a las firmas infractoras tras agotar dos intimaciones formales previas en el marco de sus facultades de contralor.
Para garantizar la fiscalización en la vía pública, la inscripción de los conductores se canalizará a través del Servicio Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa), equiparando de este modo los mecanismos de control que históricamente rigen para el sector taximetrero local.
En relación con los plazos operativos, la directora de Sutrapa, Valeria Amaya, anticipó que el registro se abrirá formalmente una vez que concluya el actual proceso de reempadronamiento de taxis, estructurando así una base de datos local centralizada y segura.
Por último, el nuevo régimen estableció estrictos requisitos obligatorios: los conductores deberán presentar licencia de conducir profesional categoría D1, seguro automotor específico para transporte de pasajeros y certificado de antecedentes penales actualizado, además de exigir que las unidades automotrices correspondan a modelos 2013 en adelante para emparejar las exigencias con el servicio público tradicional.
