Este martes, la Justicia le otorgó el arresto domiciliario a Justina Gordillo, una de las imputadas por el presunto encubrimiento del femicidio de Érika Antonella Álvarez, asesinada el 7 de enero pasado.
La decisión fue tomada por la jueza Jimena Suárez, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal y de la querella, durante una audiencia que tuvo momentos de tensión por estas diferencias. Tras conocerse la resolución, la madre de la víctima reaccionó con indignación y fue retirada de la sala.
Gordillo, quien se desempeñaba como empleada judicial y fue pareja de Felipe “El Militar” Sosa, principal sospechoso del crimen, deberá cumplir una serie de condiciones antes de dejar el lugar de detención: pagar una caución de $100 millones y utilizar una pulsera electrónica para el monitoreo de sus movimientos.
El crimen de Érika Álvarez
El hecho sucedió al 7 de enero, cuando Álvarez se dirigió a la vivienda de Sosa. De acuerdo con la acusación, la joven fue asesinada a golpes en ese lugar. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en un descampado de Manantial Sur, donde habría sido abandonado.
Sosa está acusado como presunto autor del homicidio y fue detenido posteriormente en Buenos Aires. En paralelo, la investigación avanzó sobre Gordillo, detenida en febrero, a quien los investigadores atribuyen maniobras destinadas a ocultar el hecho y favorecer al principal acusado.
Desde hace más de seis meses, los abogados defensores de Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, cuestionan la acusación y solicitan que la mujer recupere la libertad.
