La jueza Jimena Suárez fijó una fianza de $20 millones para el acusado de encubrimiento, pese al rechazo del fiscal Pedro Gallo y de la querella. Su defensa alegó falta de ingresos. Cómo sigue la causa contra Felipe “El Militar” Sosa y los avances hacia el juicio oral.
Una nueva resolución judicial modificó las condiciones de detención de los imputados en la causa que investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez. Tras una audiencia de impugnación, la jueza Jimena Suárez resolvió otorgar el beneficio del arresto domiciliario a Jorge “Chicho” Díaz, señalado por el Ministerio Público Fiscal como uno de los colaboradores directos en las maniobras para ocultar el asesinato de la joven.
Para acceder a la medida coercitiva atenuada, la magistrada le impuso el pago de una caución real de $20 millones. La resolución hizo lugar al planteo encabezado por su abogado defensor, Juan Pablo Bello, quien argumentó que su asistido no cuenta con medios ni conductas que sugieran un entorpecimiento de la investigación preparatoria.
La decisión se adoptó a pesar del rechazo expreso del fiscal de la causa, Pedro Gallo, y del abogado querellante, Carlos Garmendia, quienes solicitaron que Díaz continuara alojado en una dependencia penitenciaria. No obstante, la jueza ponderó la situación socioeconómica del imputado para fijar una fianza inferior a la peticionada en un principio: “Vamos a tratar de conseguir ese valor; es muchísimo dinero para un jardinero y mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, remarcó su representante legal.
El rol en el encubrimiento y la situación de los otros imputados
De acuerdo con el expediente penal, Érika Álvarez fue asesinada el 7 de enero de 2026 en una vivienda de Yerba Buena, y su cuerpo fue hallado días después en un descampado de Manantial Sur. En la causa principal, Felipe “El Militar” Sosa se encuentra procesado con prisión preventiva como autor material del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género (femicidio).
En tanto, Díaz —quien se desempeñaba como empleado de confianza del empresario— está acusado de haber colaborado activamente en la alteración de rastros y en la logística posterior al hecho. El estado procesal del resto de los señalados por encubrimiento presenta diferentes situaciones:
- Justina Gordillo: La funcionaria judicial y expareja de Sosa ya se encuentra cumpliendo arresto domiciliario monitoreado con tobillera electrónica, tras haber cubierto una caución de $30 millones.
- Nicolás Navarro Flores: Amigo personal de Sosa, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva luego de haber reconocido su culpabilidad a través de un acuerdo de juicio abreviado.
Audiencias preparatorias y cambios en la demanda civil
En paralelo a las discusiones por las medidas cautelares, los tribunales provinciales avanzan con las audiencias preliminares con la expectativa de llevar el caso a debate oral y público antes de fin de año.
Durante las últimas semanas se definieron además modificaciones de peso en la acción resarcitoria: a partir de una solicitud formulada por Marcelo Cosciansi, defensor técnico de Sosa, la Justicia resolvió excluir a los hermanos de Érika del reclamo patrimonial, lo que redujo a la mitad la pretensión civil original de $500 millones.
En el marco de las audiencias, trascendió asimismo que el propio Sosa reconoció haber sido quien descartó el cuerpo de la víctima en el predio de Manantial Sur, argumentando ante los estrados que tomó esa determinación por temor a represalias de la expareja de la joven.
