El informe interno elaborado tras la salida de Diego Spagnuolo reveló marcadas diferencias entre los montos reportados por dos áreas clave del organismo y cuestionó el uso recurrente de la figura de “legítimo abono” para el pago de insumos médicos sin previa licitación. En paralelo, la Justicia investiga un presunto esquema de sobreprecios y coimas en contrataciones.
Una revisión administrativa encomendada por el Gobierno nacional tras la desvinculación de Diego Spagnuolo al frente de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) puso al descubierto un desfasaje de $158.717.131.557,63 en los listados internos de deuda exigible acumulados hasta el 21 de agosto de 2025. El relevamiento, que abarcó contrataciones con droguerías, transferencias, personal, cajas chicas y parque informático, expuso una severa distorsión entre las cifras presentadas por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y las rendiciones emitidas por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), dependencia a cargo del programa Incluir Salud que registró las obligaciones financieras más abultadas.
El informe técnico objetó además la utilización sistemática del mecanismo excepcional de “legítimo abono”, una figura administrativa empleada para cancelar prestaciones o insumos ya entregados pero que omitieron los procesos licitatorios habituales. Pese a que el organismo desembolsó $479.504 millones a proveedores de medicamentos entre 2024 y agosto de 2025, los auditores constataron que al momento del corte apenas se habían formalizado seis licitaciones regulares. Estas irregularidades administrativas se suman al expediente judicial que tramita en la fiscalía de Franco Picardi, donde se indagan presuntos retornos de hasta el 20% y sobreprecios en las licitaciones públicas de la entidad.
