Al filo del vencimiento del plazo legal, la defensa de Manuel Adorni entregó un extenso escrito de 77 páginas para responder los 20 puntos planteados por el fiscal Federico Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario argumentó que no existe un incremento patrimonial injustificado y adjudicó la tenencia de divisas a la liquidación de criptomonedas adquiridas años antes de asumir funciones públicas, además de refutar los montos observados en la construcción de su vivienda.

La presentación marca un paso clave en el expediente judicial, donde ahora la fiscalía y el juez Ariel Lijo deberán evaluar la documentación y las explicaciones técnicas aportadas por los letrados defensores.

La ruta de los dólares: operaciones con Bitcoin y ahorros privados

Uno de los ejes centrales del requerimiento fiscal apuntaba a la tenencia de dólares en efectivo declarados por Adorni, que alcanzaban los us565.000 a inicios de 2023,us513.000 al cierre de ese período y u$s388.961,52 al finalizar 2024 bajo el concepto de «venta de activos».

Para justificar este caudal, la defensa sostuvo que los fondos provienen de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin por un total de u$s591.544,61. Según el escrito:

• Origen temporal: Las billeteras virtuales fueron utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, un período muy anterior al ingreso de Adorni a la función pública. Actualmente se encuentran sin saldo.
• Inversión inicial: Los activos digitales se adquirieron con ahorros genuinos provenientes de la actividad privada del propio Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, registrando su mayor inversión (u$s199.883,20) durante 2017.
• Acreditación: Para respaldar la titularidad histórica de las cuentas, la defensa aportó un acta notarial en la que Adorni firmó mensajes utilizando las claves privadas ante un escribano, entregando dichas claves en un sobre cerrado y lacrado.

La controversia por la vivienda en Indio Cuá y los costos de obra

La investigación también había puesto la lupa sobre la adquisición y remodelación de la propiedad que el exfuncionario posee en el country Indio Cuá, cuestionando específicamente los u$s245.000 abonados al contratista Matías Tabar.

Frente a esto, la defensa detalló que el lote se compró por us120.000—financiadosengranpartemedianteunmutuocongarantıˊahipotecariaporus100.000 y u$s20.000 en efectivo— y retrucó los cálculos sobre la edificación:

• Monto real: Aseguraron que el dinero efectivamente entregado al constructor fue de u$s175.000.
• Inconsistencias técnicas: Señalaron errores de suma en las planillas analizadas por la fiscalía, advirtiendo que una correcta sumatoria arrojaría u$s285.929 en lugar de la cifra observada.
• Valuación pericial: El monto defendido coincide prácticamente con una tasación técnica independiente realizada por un arquitecto contratado por la defensa, que tasó la obra en u$s174.954,58.

Rectificaciones fiscales y próximos pasos en el expediente

En cuanto a las diferencias patrimoniales detectadas por la fiscalía —que estimó ingresos lícitos por $229.752.283 frente a egresos por $272.820.832, arrojando una brecha de más de $43 millones—, el escrito cuestionó la metodología de cálculo y aseguró que las modificaciones en las declaraciones juradas se realizaron de manera voluntaria antes de cualquier intimación de ARCA, con sus respectivas obligaciones tributarias saldadas.

Con la presentación formal incorporada al expediente, la pelota queda ahora en el campamento del fiscal Federico Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes tendrán la tarea de analizar la viabilidad de los argumentos técnicos y decidir los siguientes pasos procesales de la investigación.