El Ejecutivo recurrirá ante la Cámara la resolución del juez Martín Cormick, quien intimó al Gobierno a cumplir de manera total con la medida cautelar. La Casa Rosada sostiene que ya acató la resolución y analiza si pedirá suspender sus efectos mientras continúa la negociación por el Presupuesto 2027.
El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno de Javier Milei decidió apelar la resolución del juez federal Martín Cormick, quien le otorgó un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento total de la medida cautelar vinculada con la Ley 27.795.
La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La Justicia había advertido que, si el Ejecutivo no cumplía dentro del plazo establecido, podrían aplicarse multas económicas por cada día de demora.
Qué sostiene el Gobierno
La Casa Rosada mantiene una posición diferente a la planteada por el juez. Según funcionarios que siguen el expediente, el Ejecutivo considera que ya cumplió con la medida cautelar y que esa situación fue informada y acreditada ante la Justicia.
Ese argumento será uno de los principales puntos de la apelación.
El Gobierno todavía analiza, además, si solicitará que el recurso tenga efecto suspensivo. En ese caso, deberá definirse si la intimación judicial continúa produciendo efectos mientras la Cámara revisa la resolución.
Qué había ordenado la Justicia
La resolución de Cormick estableció que el Estado debía cumplir en un plazo de cinco días con la cautelar que permanece vigente. El magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la medida y advirtió sobre la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento.
La medida cautelar original había sido dictada en diciembre de 2025 y ordenó la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
Esos artículos contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de programas y becas destinados a estudiantes.
La cautelar fue confirmada posteriormente por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno el 25 de junio. El máximo tribunal aclaró que el rechazo respondió a una cuestión procesal, ya que la causa todavía no cuenta con una sentencia definitiva sobre el fondo.
El conflicto por el decreto 759/2025
La disputa judicial está relacionada con el Decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero condicionó su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento necesarias.
La causa principal todavía debe resolver si esa decisión del Poder Ejecutivo se ajusta a derecho. Mientras tanto, la cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 continúa vigente.
Por eso, la apelación anunciada ahora por el Gobierno no implica una nueva discusión sobre la existencia de la cautelar, sino que apunta específicamente contra la intimación de Cormick y la interpretación sobre su grado de cumplimiento.
El antecedente de la negociación salarial
En junio, el Gobierno había alcanzado un acuerdo con representantes del sistema universitario que contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y mayores partidas para hospitales universitarios y becas.
Sin embargo, el conflicto salarial volvió a profundizarse durante septiembre. El Gobierno ofreció un incremento del 3% para los salarios universitarios, propuesta que fue rechazada por los gremios. El Ejecutivo sostuvo que aplicaría igualmente la suba y que con ella cumplía con la cautelar, mientras que los sindicatos plantearon que todavía existe una diferencia significativa respecto de la recomposición que reclaman.
La discusión por el Presupuesto 2027
La disputa judicial se desarrolla en paralelo con la discusión del Presupuesto 2027, donde el financiamiento de las universidades nacionales ocupa uno de los puntos centrales de la negociación.
El proyecto oficial contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama una partida cercana a los $11 billones para afrontar las necesidades del sistema.
El Gobierno busca avanzar en un acuerdo presupuestario con las universidades mientras sostiene su postura en el expediente judicial. Un eventual entendimiento político podría modificar el escenario, aunque cualquier cambio sobre las medidas judiciales vigentes deberá ser resuelto por los tribunales.
Mientras tanto, el Ejecutivo llevará la resolución de Cormick ante la Cámara de Apelaciones y definirá si, además, solicita que la apelación suspenda los efectos de la intimación durante el trámite judicial.
