El Reporte Anual 2025 de Proyecto Mirar relevó 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en centros de salud públicos de 20 jurisdicciones. La tasa fue similar a la de 2023, aunque el informe advierte sobre dificultades para contar con datos completos de todo el país.
A casi seis años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el acceso al aborto en el sistema público mantiene niveles similares a los registrados en años anteriores.
Según el Reporte Anual 2025 de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health, durante 2025 se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público de salud de 20 jurisdicciones.
La tasa nacional se ubicó en 7,45 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, prácticamente igual a la registrada en 2023, cuando había sido de 7,49.
El proyecto Mirar monitorea la implementación de la Ley 27.610 a partir de información pública nacional y provincial, pedidos de acceso a la información y reportes de organizaciones de la sociedad civil.
Dónde se concentraron las interrupciones
El relevamiento señala que la red pública de atención se mantuvo relativamente estable.
En 2025 había 1.846 efectores públicos que brindaban acceso a IVE/ILE, frente a los 1.862 registrados en 2023.
A su vez, el 72% de las intervenciones se concentró en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.
En 11 de las jurisdicciones que aportaron información, el 90% de las prácticas se resolvió durante las primeras 12 semanas de gestación, principalmente en establecimientos del primer nivel de atención y mediante tratamientos farmacológicos.
Faltan datos de cuatro provincias
El informe aclara que las cifras no representan la totalidad de los abortos realizados en Argentina.
Para elaborar el relevamiento, Proyecto Mirar solicitó información a los programas de salud de las 24 provincias y a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
En esta oportunidad se recibieron respuestas de 16 jurisdicciones. Los datos de Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán fueron completados con información nacional.
Por ese motivo, el informe señala que todavía no se cuenta con información suficiente sobre los abortos realizados en el sector público de Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero.
Tampoco están incluidos los procedimientos realizados en obras sociales y establecimientos privados, por lo que el número total de interrupciones del embarazo en el país es superior al relevado por este informe.
Qué ocurre con el acceso a anticonceptivos
Otro de los puntos analizados por Proyecto Mirar es el acceso a métodos anticonceptivos.
El informe sostiene que la provisión de insumos anticonceptivos desde el Estado nacional se redujo fuertemente y estima una caída del 93% en la cobertura entre 2024 y 2026: de alrededor de 1,2 millones de mujeres alcanzadas con insumos nacionales a unas 63.000.
A partir de esas cifras, el reporte utiliza el Impact Calculator del Guttmacher Institute para estimar posibles consecuencias sobre embarazos no intencionales, abortos y mortalidad materna y neonatal.
Estas cifras son estimaciones del informe y no registros observados de casos.
Ante la reducción de los suministros nacionales, Proyecto Mirar señala que 13 provincias utilizaron recursos propios para sostener la provisión de distintos métodos e insumos.
Entre ellas, Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Fe adquirieron misoprostol, mientras que Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Misiones compraron tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol.
Las consultas sobre aborto representaron la mayoría de las llamadas a la línea nacional
El informe también analiza el funcionamiento de los canales de información.
Durante 2025, las consultas vinculadas con IVE/ILE representaron, según el reporte, el 94% de las llamadas recibidas por el 0800-SaludSexual, la línea gratuita dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Proyecto Mirar señala que una parte importante de esas comunicaciones estuvo relacionada con dificultades o barreras para acceder a los servicios.
En materia de accesibilidad, nueve de las 16 provincias que informaron datos señalaron cumplir con el plazo establecido de diez días para la provisión del servicio. Además, seis jurisdicciones contaban con líneas telefónicas gratuitas, WhatsApp o correos electrónicos destinados a brindar información sobre IVE/ILE.
Qué pasó con las causas judiciales contra la Ley 27.610
El reporte también incluye un relevamiento del escenario judicial y legislativo alrededor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Según Proyecto Mirar, desde la promulgación de la norma se presentaron 38 demandas judiciales contra la Ley 27.610. De ese total, el informe señala que 35 fueron rechazadas, mientras que tres permanecían en trámite ante la Corte Suprema sin medidas cautelares vigentes.
En cuanto a las iniciativas legislativas analizadas por el proyecto, el informe señala que el 84% buscó proteger o ampliar derechos, mientras que las propuestas destinadas a limitar la aplicación de la ley no obtuvieron dictamen de comisión.
El reporte también analiza el contexto político y normativo relacionado con la salud sexual y reproductiva durante 2025 y parte de 2026.
Un escenario que sigue siendo monitoreado
A casi seis años de la sanción de la Ley 27.610, los datos relevados muestran una cantidad de interrupciones en el sistema público similar a la registrada en 2023.
Sin embargo, el propio informe advierte que no existe todavía una fotografía completa de todo el país, debido a la falta de datos de algunas jurisdicciones y a la ausencia de información consolidada sobre el sector privado y las obras sociales.
Proyecto Mirar plantea que el seguimiento de estos indicadores permite analizar la disponibilidad de servicios, la demanda y las posibles barreras de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina.
Fuente: Proyecto Mirar / CEDES.
