Por: Mg. Exequiel Soria
España anunció una hoja de ruta. Estados Unidos y China exploran canales ante incidentes de IA. Argentina necesita traducir esa conversación en garantías para cada ciudadano.
Una vecina solicita un turno médico en un hospital público. Un sistema de inteligencia artificial organiza la demanda y recomienda quién debería recibir atención primero. La herramienta puede ahorrar tiempo y detectar urgencias que antes pasaban inadvertidas. Pero, si se equivoca, ¿quién le explica a esa persona por qué quedó atrás en la fila? En esa respuesta empieza la gobernanza de la inteligencia artificial.
Gobernar esta tecnología significa decidir para qué se usa, con qué datos, bajo qué controles y quién responde cuando causa un daño. La discusión llegó a hospitales, escuelas, municipios y oficinas que administran derechos. La eficiencia importa, pero una decisión pública también debe poder comprenderse y revisarse.
El 21 de septiembre, España presentó el Plan IA360 como una hoja de ruta para los próximos doce meses. Sus objetivos incluyen ampliar capacidades tecnológicas, promover la adopción y la formación, reforzar la seguridad y la gobernanza, e impulsar un acuerdo social frente a los cambios en el trabajo. Son medidas anunciadas cuya ejecución y resultados todavía deberán evaluarse. Construir infraestructura o incorporar aplicaciones no demuestra, por sí solo, que hayan disminuido los sesgos o que una persona perjudicada pueda obtener una reparación.
En el escenario internacional, la relación entre Estados Unidos y China ofrece una pregunta complementaria: ¿cómo evitar que un incidente relacionado con IA agrave una crisis entre potencias? En septiembre de 2026, Clarissa Koh, Sarah Godek y Karson Elmgren, del Institute for AI Policy and Strategy, propusieron crear un diálogo permanente y acotado sobre riesgos e incidentes. Recomiendan acordar definiciones comunes, intercambiar información periódicamente, establecer procedimientos de notificación y revisar conjuntamente los incidentes después de que ocurran. La propuesta toma lecciones de mecanismos bilaterales anteriores: mantener canales regulares puede ser útil incluso cuando persiste la rivalidad.
Esa agenda adquirió actualidad pocos días después. Tras conversaciones con China, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, planteó avanzar en un diálogo sobre IA y en un mecanismo de avisos para incidentes capaces de afectar la seguridad nacional. Hay una distancia entre discutir ese mecanismo y ponerlo en funcionamiento: todavía no corresponde presentarlo como un tratado integral ni como una garantía de cooperación futura. Su valor inmediato está en reconocer que, ante ciertos riesgos, las dos potencias necesitan poder comunicarse antes de una crisis.
¿Qué relación tiene esa conversación con un municipio argentino? La escala cambia, pero el principio es similar: identificar un riesgo, saber a quién avisar y establecer quién debe actuar cuando falla un sistema. Un incidente internacional puede generar percepciones equivocadas entre gobiernos. Una recomendación automatizada errónea puede dejar a una familia sin una prestación. En ambos casos, la capacidad de detectar, explicar y corregir el problema importa tanto como la tecnología utilizada.
En la gestión pública, los derechos humanos ofrecen criterios concretos. La privacidad exige limitar el uso de datos personales. La igualdad obliga a buscar sesgos que perjudiquen a determinados grupos. El debido proceso requiere que una decisión que afecta derechos pueda explicarse e impugnarse. Y el control humano exige algo más que una firma al final del expediente: la persona responsable debe poder cuestionar la recomendación del sistema y cambiarla.
La libertad de expresión plantea otro desafío. Las herramientas generativas facilitan la producción de audios, imágenes y noticias falsas capaces de afectar reputaciones o debates electorales. Al mismo tiempo, combatir la desinformación exige procedimientos transparentes para no restringir críticas legítimas mediante decisiones automáticas y opacas. ¿Quién define cuándo un contenido constituye una manipulación? ¿Cómo puede reclamar alguien si una plataforma o una oficina pública se equivoca?
Las provincias y los municipios argentinos pueden empezar por tareas precisas: inventariar los sistemas que utilizan, evaluar sus riesgos y designar responsables. Una IA puede ayudar a clasificar reclamos vecinales, localizar expedientes demorados o resumir información para un funcionario. Si interviene en la priorización de atención sanitaria, inspecciones o beneficios sociales, hacen falta controles mayores: datos protegidos, pruebas de sesgo, registro de sus recomendaciones y una vía efectiva de corrección.
Cada contratación pública debería responder tres preguntas antes de ponerse en marcha: ¿puede auditarse el sistema?, ¿puede una persona saber cuándo intervino?, ¿existe un procedimiento rápido para discutir un error? Las grandes potencias están explorando canales para gestionar incidentes de IA. Nuestros gobiernos también necesitan los suyos, adecuados a las personas que atienden todos los días.
La inteligencia artificial puede mejorar los servicios públicos. Su legitimidad se juega en un momento concreto: cuando alguien afectado pide una explicación y encuentra a una persona responsable, capaz de escuchar y corregir.
*Magíster en Políticas Públicas
