La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales. Al considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) carecía de legitimación para accionar, el máximo tribunal dejó vigente la derogación de la normativa que restringía la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo.
La resolución judicial desató un inmediato y enérgico repudio en el arco opositor, cuyos legisladores redoblaron la presión política para que la Cámara de Diputados avance de manera urgente con el rechazo definitivo del decreto de necesidad y urgencia.
Qué resolvió la Corte Suprema: legitimación procesal y continuidad del DNU
El eje central de la decisión del máximo tribunal no giró en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma desreguladora, sino estrictamente sobre aspectos formales del proceso judicial:
- Falta de legitimación: La Corte determinó que el CECIM La Plata no contaba con la personería ni el interés directo exigido para promover una demanda de esta magnitud, al no configurarse un “caso o controversia” judicial justiciable en los términos requeridos.
- Efectos jurídicos: Al revocar la sentencia previa de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la medida, el fallo dejó sin efecto aquel bloqueo y mantuvo vigente la derogación de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
- Omisión sobre el fondo: El tribunal supremo explicitó que no emitió opinión ni resolvió sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU —el cual eliminaba las restricciones a la venta de tierras a personas físicas o jurídicas extranjeras—, limitándose a dar de baja la acción judicial por la vía procesal.
Radiografía del rechazo opositor: presión total sobre la Cámara de Diputados
La resolución judicial reavivó de inmediato la disputa política en el ámbito parlamentario. Senadores y diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores federales cruzaron con dureza al máximo tribunal y apuntaron directamente contra el Poder Ejecutivo, exigiendo que el Congreso complete el control de constitucionalidad sobre el DNU 70/2023.
- El antecedente del Senado: Desde la oposición recordaron que la Cámara alta ya votó y rechazó el decreto en marzo de 2024, por lo que toda la presión política recae ahora sobre la Cámara de Diputados para lograr una votación análoga que debilite la vigencia de la medida.
- Voces críticas: Dirigentes como Juliana di Tullio y Martín Soria cuestionaron el rol de la Corte frente a la soberanía territorial y el manejo de los recursos estratégicos. En la misma línea, legisladores como Myriam Bregman, Esteban Paulón, Lucía Cámpora, Ana Marks y Agustina Propato reclamaron la convocatoria inmediata a una sesión especial en Diputados.
- Demanda de anulación: Varios sectores volvieron a exigir al Gobierno nacional que derogue por vía administrativa el artículo cuestionado, advirtiendo que la falta de controles sobre el dominio territorial extranjero vulnera la seguridad jurídica y los intereses estratégicos del país.
