La Legislatura de Tucumán sancionó el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil, con 44 votos a favor y uno en contra. La nueva normativa adapta la legislación provincial a la Ley Nacional 27.801 y establece herramientas específicas para la ejecución y supervisión de medidas y penas para adolescentes.
La Legislatura de Tucumán aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil, en una sesión especial presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.
La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos y uno en contra y adapta la normativa provincial a la Ley Nacional 27.801, que establece un régimen específico de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
Según lo informado durante el tratamiento legislativo, Tucumán se convirtió en la primera provincia en adecuar su legislación al nuevo régimen nacional.
La normativa provincial establece cómo deberán ejecutarse, supervisarse y controlarse las medidas y penas que disponga la Justicia cuando su aplicación quede bajo responsabilidad de organismos tucumanos.
Un sistema especializado para adolescentes
El nuevo régimen incorpora un abordaje socioeducativo y establece entre sus objetivos la responsabilización frente al delito, la integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad.
La Ley 27.801 nacional establece que el régimen debe promover la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes alcanzados por sus disposiciones. También contempla medidas alternativas a la privación de la libertad y establece que, cuando corresponda una pena de encierro, debe cumplirse en establecimientos especializados.
En Tucumán, una de las principales herramientas previstas es la creación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.
Los supervisores tendrán a su cargo el seguimiento de cada adolescente, el control del cumplimiento de las medidas impuestas por la Justicia y la articulación con los organismos e instituciones que participen de su proceso de reintegración social.
La normativa también contempla la creación del Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, destinado a la ejecución de penas y determinadas medidas previstas por el nuevo régimen.
La adaptación de Tucumán al nuevo régimen nacional
El proyecto fue analizado previamente en la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.
Durante el tratamiento se realizaron reuniones y mesas de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados especializados.
Vargas Aignasse destacó el trabajo realizado para adecuar la estructura provincial y sostuvo que el objetivo no debe limitarse al cumplimiento de una pena.
“Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, afirmó.
El legislador explicó además que Tucumán ya cuenta con dispositivos dependientes de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia que deberán ser adaptados a las nuevas edades y condiciones establecidas por el régimen.
El rol de los supervisores
Durante el debate, el legislador Mario Leito señaló que la sanción de la ley nacional constituye un primer paso y que las provincias deben establecer las herramientas necesarias para llevarla adelante.
“Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que durante el tratamiento provincial se analizaron las modificaciones administrativas y procesales necesarias, además de la dependencia institucional del cuerpo de supervisores. Finalmente, se estableció que funcionará dentro del Poder Judicial.
La Ley 27.801 también contempla la figura del supervisor como parte del seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen y establece tareas vinculadas con su educación, formación y evolución durante el proceso.
Cinco proyectos fueron unificados
El legislador Agustín Romano Norri señaló que la iniciativa aprobada surgió de la unificación de cinco proyectos y destacó la necesidad de incorporar herramientas para la reinserción social y laboral de los adolescentes.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez puso el foco en el carácter integral del régimen y en la necesidad de acompañar la aplicación de la normativa con políticas de prevención.
Entre las herramientas mencionadas durante el debate aparecen la educación, el tratamiento de consumos problemáticos y la atención psicológica.
La adecuación provincial se produce luego de que el Gobierno nacional reglamentara en septiembre la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026. La reglamentación contempla, entre otros aspectos, la figura del supervisor, la atención de las víctimas, las medidas alternativas y la formación especializada de quienes intervienen en el sistema.
Con la sanción de la ley provincial, Tucumán establece así el marco institucional para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la provincia.
