El juez federal Martín Cormick sostuvo que la actualización de salarios y becas se cumplió solo en parte y le negó al Ejecutivo la apelación que había pedido. Mientras el Estado habla de un aumento de 226,8%, el magistrado toma una inflación de 312,19%. En paralelo, los docentes de las universidades públicas nacionales van a un paro de 72 horas.
El Gobierno nacional volvió a quedar contra las cuerdas en la disputa por el financiamiento universitario. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, reiteró que el Ejecutivo no cumplió por completo con la cautelar que lo obliga a actualizar los sueldos de docentes y no docentes y a recomponer las becas estudiantiles, y le dio otros cinco días para hacerlo, con la advertencia de que, si no lo hace, se aplicarán astreintes, es decir, sanciones económicas.
Una pulseada de números
El corazón del conflicto es cuánto tendría que haber subido el salario. Según el juez, la ley manda ajustar por inflación desde diciembre de 2023, y tomando el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, el acumulado hasta junio de 2026, cuando la cautelar quedó firme, fue de 312,19%.
El Gobierno, en cambio, sostiene que otorgó un incremento acumulado de 226,8% y que esa cifra supera la inflación del período que él tomó como referencia. Agregó que reabrió las paritarias y que presentó una propuesta adicional de 3%.
Cormick reconoció que el Estado aportó documentación sobre las convocatorias a paritarias y el pago de órdenes, pero entendió que eso prueba apenas un “cumplimiento parcial”. A su criterio, no está acreditado que los aumentos se hayan calculado con el mecanismo y las variables que fija la norma, y remarcó que de las propias respuestas del Ejecutivo “no se advierte” que se haya llegado a ese porcentaje.
Las becas, otro punto en discusión
El artículo 6 de la Ley 27.795 ordena recomponer todos los programas de becas según la inflación acumulada. La norma menciona expresamente Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, además de otras ayudas para estudiantes.
En su informe, el Gobierno detalló medidas solo sobre la Beca Manuel Belgrano. Argumentó que era la única alcanzada por la ley y que Progresar y Enfermería quedaban fuera del régimen. El juez descartó esa postura al evaluar el cumplimiento y concluyó que lo informado “tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente”.
Sin salto a la Cámara, por ahora
Además de pedir que se revocara la intimación, el Ejecutivo había presentado una apelación subsidiaria para llevar el tema a la Cámara de Apelaciones si no prosperaba su planteo. Cormick no la concedió: explicó que las sanciones económicas todavía no se aplicaron y que, por lo tanto, no hay hoy un agravio concreto que justifique habilitar esa instancia.
El Gobierno también había cuestionado que la intimación anterior, del 22 de septiembre, no precisara qué obligación seguía pendiente. En su nueva resolución, el magistrado mantuvo ese criterio y amplió los fundamentos con los puntos que, según él, el Estado aún no demostró haber cumplido.
Cómo llegó hasta acá
La cautelar se dictó en diciembre de 2025 y fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Ejecutivo y la medida quedó firme, mientras el expediente sigue su curso sobre el fondo del asunto. Alcanza a los artículos 5 y 6 de la ley: el primero dispone la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023, y el segundo, la recomposición de las becas.
El reclamo, en la calle
La nueva resolución llega en pleno endurecimiento del conflicto. Este miércoles arrancó un paro docente de 72 horas en las universidades públicas nacionales, con el pedido de que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y de una mayor recomposición salarial.
