Las centrales sindicales UGT y CCOO, junto al Sindicato de Inquilinas, convocaron a un paro general para el próximo 11 de noviembre en protesta por la inasequibilidad de los alquileres y los desahucios. La medida de fuerza tendrá lugar a dos semanas de las elecciones generales anticipadas convocadas por el presidente Pedro Sánchez tras el rechazo parlamentario a sus decretos habitacionales.
La escalada de la crisis habitacional en España desembocó en la convocatoria a una huelga general programada para el 11 de noviembre, la cual se convertirá en la primera protesta de esta magnitud en el país desde 2012. La iniciativa, promovida inicialmente por el Sindicato de Inquilinas tras la instalación de un campamento de protesta en la Puerta del Sol de Madrid, fue respaldada por las organizaciones sindicales mayoritarias (UGT y CCOO). La medida surge como respuesta directa al rechazo del Congreso de los Diputados a los decretos gubernamentales de contención de alquileres, hecho que motivó al presidente Pedro Sánchez a disolver las Cortes y adelantar los comicios generales para el 29 de noviembre.
Mientras el sector patronal (CEOE) cuestionó la legalidad de la huelga por considerar que no responde a un conflicto estrictamente laboral, desde las agrupaciones de inquilinos argumentaron que el costo de la vivienda absorbe de manera desproporcionada los salarios de la clase trabajadora. En tanto, el Ejecutivo aprobó por vía de la Diputación Permanente un nuevo paquete de medidas de emergencia que contempla la suspensión de desahucios a familias vulnerables hasta 2030, la prorroga automática de contratos de alquiler vigentes hasta 2029 y límites a la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión, normativas que los manifestantes calificaron como insuficientes frente a sus demandas de rebaja drástica de rentas y expropiación de activos a fondos inmobiliarios.
