Legisladores opositores cuestionaron las sucesivas postergaciones de la licitación del paquete accionario de la distribuidora eléctrica y advirtieron sobre la falta de transparencia, los aumentos tarifarios y el control del mercado energético. Desde el Gobierno provincial negaron cualquier irregularidad y aseguraron que el procedimiento se ajusta a la legislación vigente.
La situación de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) volvió a generar controversia política luego de que legisladores opositores denunciaran un presunto entendimiento entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el Grupo Neuss, propietario de la distribuidora, por las sucesivas postergaciones de la licitación de su paquete accionario mayoritario.
Los cuestionamientos fueron planteados por integrantes de la Legislatura tucumana, quienes señalaron que las prórrogas benefician a los actuales accionistas y reclamaron explicaciones sobre el proceso de concesión, las tarifas y las inversiones de la empresa.
Desde el Gobierno provincial rechazaron las acusaciones. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, aseguró que las decisiones adoptadas se encuentran dentro del marco legal y negó la existencia de cualquier acuerdo irregular.
La licitación de EDET, en el centro de la polémica
EDET obtuvo la concesión del servicio de distribución eléctrica en 1995, durante la gobernación de Ramón Ortega, mediante un contrato que contempla un plazo total de 95 años, hasta agosto de 2090, dividido en períodos de gestión.
En 2025, el Grupo Neuss, encabezado por los empresarios Juan y Patricio Neuss, adquirió mediante Edison Energía los activos que pertenecían al fondo estadounidense Apollo Global Management. La operación incluyó EDET, la distribuidora jujeña EJESA y la transportista eléctrica LITSA.
La controversia actual gira alrededor de la licitación del paquete mayoritario de acciones de EDET, procedimiento en el que los accionistas actuales cuentan con un derecho de preferencia para igualar una oferta competidora.
Según los legisladores opositores, el Gobierno provincial ya postergó en varias oportunidades el proceso.
El acta acuerdo aprobada por la Legislatura estableció el 30 de septiembre de 2026 como fecha límite para convocar a la licitación pública nacional e internacional y fijó el 4 de abril de 2027 como vencimiento del segundo período de gestión.
Sin embargo, los dirigentes advirtieron que el proceso podría volver a postergarse hasta marzo de 2027. Esa posibilidad fue presentada como una versión que circula en el ámbito legislativo y no como una nueva fecha oficialmente confirmada.
Seleme denunció falta de transparencia y cuestionó el negocio eléctrico
El legislador José “Pepe” Seleme, vicepresidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, apuntó contra la falta de información sobre los costos de adquisición de electricidad por parte de EDET.
“Hay un número que está guardado bajo siete llaves: los tucumanos no tenemos manera de saber a cuánto compra EDET la energía eléctrica que adquiere en el mercado mayorista”, cuestionó.
El parlamentario planteó diferencias entre los valores que, según sus estimaciones, paga la distribuidora y los que posteriormente se trasladan a los usuarios.
“¿Cómo hace para llegar a 160 pesos el kilovatio si lo pagan menos de 80? Soy vicepresidente de la Comisión de Energía y no puedo saber el número real”, sostuvo.
Seleme también denunció una presunta concentración de actividades de generación, transporte y distribución eléctrica dentro del mismo grupo empresario.
“Neuss en Tucumán la produce, la transporta y la distribuye. ¿Qué es eso si no un monopolio?”, expresó.
Las afirmaciones del legislador constituyen cuestionamientos sobre el funcionamiento del mercado eléctrico y las operaciones de la compañía, sin que los datos aportados permitan establecer por sí solos la existencia de una infracción a las normas de competencia.
Courel cuestionó las prórrogas y los aumentos
El legislador Manuel Courel también expresó sus reparos sobre las demoras en el proceso licitatorio.
Según explicó, la licitación debía realizarse durante 2026, pero el Gobierno provincial modificó sucesivamente los plazos previstos.
“Me llama la atención esta desprolijidad porque hay muchas quejas sobre el servicio que brinda la empresa de los Neuss, hubo aumentos desproporcionados de tarifa, sin embargo se insiste en estas prórrogas que solo benefician a los Neuss”, manifestó.
Courel cuestionó además que se hayan aprobado modificaciones tarifarias mientras continúa pendiente la definición del nuevo período de gestión.
Para el legislador, esta situación pone en duda el alcance de la renegociación contractual y la transparencia de las decisiones adoptadas.
Tarifas e inversiones, otros puntos de conflicto
Las críticas también alcanzaron al costo de las facturas eléctricas y a las obligaciones de inversión de la distribuidora.
Desde sectores de la Legislatura señalaron que los usuarios tucumanos afrontaron incrementos importantes durante 2026 y cuestionaron la fiscalización del cumplimiento de los compromisos de infraestructura.
Seleme sostuvo que deberían existir mayores exigencias para garantizar que parte de la rentabilidad de EDET se destine a mejorar el servicio en la provincia.
“No puede ser que se la lleven toda a sus otros negocios y no dejan nada en Tucumán”, afirmó.
Los legisladores mencionaron aumentos de hasta un 44% en determinadas facturas y señalaron que el costo del servicio de distribución habría acumulado una suba cercana al 40% desde enero.
Se trata de cifras expuestas por los dirigentes opositores, que requieren distinguir los componentes de distribución, energía, impuestos y subsidios para establecer su incidencia concreta sobre cada factura.
El Gobierno negó un acuerdo irregular con el Grupo Neuss
Ante las acusaciones, el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, difundió una respuesta oficial en la que rechazó los cuestionamientos.
“Negamos enfáticamente la existencia de un acuerdo espurio entre el Grupo Neuss y el Gobierno de la Provincia de Tucumán”, expresó.
El funcionario sostuvo que el pedido de prórroga del llamado a licitación está contemplado en la Ley Provincial 6.608, que regula la distribución eléctrica, y en el contrato de concesión vigente.
Además, argumentó que el sector energético atraviesa un escenario de incertidumbre por factores internacionales y por las modificaciones en la política nacional de subsidios.
Abad también rechazó las denuncias sobre falta de información pública y aseguró que los balances de EDET pueden consultarse en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia.
Asimismo, señaló que las resoluciones del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) son públicas y que ese organismo tiene a su cargo la aprobación de tarifas y el control del cumplimiento contractual.
El ministro consideró que los cuestionamientos de la oposición responden a motivaciones electorales ante la proximidad de los comicios provinciales.
Qué pasará con las tarifas durante el verano
En paralelo a la controversia por la licitación, el gobernador Osvaldo Jaldo anticipó que Tucumán contará con compensaciones para el consumo eléctrico durante los meses de mayor temperatura.
Según explicó, el Gobierno nacional trabaja en un esquema que permitiría aliviar el costo de las facturas durante cuatro meses del año, a partir del próximo verano.
Mientras tanto, continúa pendiente la definición del proceso licitatorio de EDET, en medio de los reclamos opositores por mayor transparencia y de la defensa oficial de la legalidad de las prórrogas.
La discusión involucra tanto el futuro de la concesión eléctrica como los mecanismos de control, las inversiones y el costo del servicio que pagan los usuarios tucumanos.
Fuente: ambito.com
