El máximo tribunal desestimó una presentación contra el rechazo de una denuncia por presuntas irregularidades en las primeras horas de la investigación. La decisión no modifica las condenas por el asesinato del joven de 18 años, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este miércoles 14 de octubre un nuevo recurso presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.
El planteo estaba vinculado con una denuncia penal que los condenados habían impulsado contra la fiscal que investigó el crimen y otros funcionarios judiciales, a quienes acusaban de cometer irregularidades durante las primeras declaraciones de los detenidos.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso no contaba con una fundamentación suficiente ni respondía adecuadamente a los argumentos de la decisión judicial que buscaba impugnar.
El fallo representa un nuevo resultado adverso para los condenados, aunque no implica una revisión de las penas impuestas por el homicidio.
Qué denunciaban los rugbiers
La presentación había sido impulsada por el abogado Hugo Tomei, cuando representaba a Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
Los siete cuestionaron los procedimientos realizados durante las primeras horas posteriores al asesinato de Báez Sosa.
Según la defensa, durante las declaraciones indagatorias no se les habrían informado correctamente los hechos que se les atribuían ni las pruebas reunidas en su contra.
También denunciaron supuestas inconsistencias en los horarios consignados en las actas judiciales.
Tomei sostenía que algunas declaraciones figuraban registradas con diferencias de apenas minutos, un tiempo que, a su entender, resultaba insuficiente para cumplir con todas las garantías procesales previstas por la legislación bonaerense.
A partir de esos cuestionamientos, el abogado promovió una denuncia por presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
La denuncia contra la fiscal y otros funcionarios judiciales
Entre las personas denunciadas se encontraban la fiscal Verónica Zamboni, responsable de la investigación inicial; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; otros integrantes del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli.
La controversia comenzó en febrero de 2020, cuando Tomei cuestionó públicamente las condiciones en las que se habían tomado las primeras declaraciones.
El defensor también solicitó apartar a Zamboni de la investigación, pero el pedido fue rechazado.
La denuncia penal continuó por una vía independiente del expediente principal por el asesinato.
En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores reconoció a los rugbiers como particulares damnificados dentro de esa investigación, lo que les permitió intervenir formalmente en el proceso.
Sin embargo, la denuncia fue posteriormente desestimada por ausencia de dolo. También se rechazaron las medidas de prueba solicitadas por la defensa.
Cómo llegó el reclamo a la Corte Suprema
Tras el rechazo de la denuncia, Tomei solicitó una revisión ante el superior del fiscal, mediante el mecanismo previsto en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Como la decisión fue ratificada, el abogado acudió a la Justicia para cuestionar la constitucionalidad de ese procedimiento y reclamó que sus representados pudieran ser escuchados por un juez imparcial.
El juez Mancinelli rechazó tanto el planteo de inconstitucionalidad como el pedido de recusación presentado en su contra.
La decisión fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires rechazó un recurso de queja en agosto de 2025 y, en abril de 2026, denegó la vía extraordinaria con la que se buscaba llevar el caso a la instancia nacional.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso por considerar que presentaba deficiencias en su fundamentación.
De esta manera, quedó rechazado el intento de revertir las decisiones judiciales adoptadas en la causa iniciada contra los funcionarios.
Las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa
Fernando Báez Sosa tenía 18 años cuando fue asesinado a golpes durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.
El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a cinco de los acusados:
- Máximo Thomsen.
- Ciro Pertossi.
- Enzo Comelli.
- Matías Benicelli.
- Luciano Pertossi.
Los otros tres condenados, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, recibieron penas de 15 años de prisión como partícipes secundarios.
En marzo de 2024, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación jurídica del homicidio.
Los jueces descartaron la agravante de alevosía, pero mantuvieron la correspondiente al concurso premeditado de dos o más personas.
Qué cambia con la nueva resolución
El rechazo dispuesto por la Corte Suprema se limita al expediente iniciado por las presuntas irregularidades cometidas durante las primeras actuaciones judiciales.
Por lo tanto, no altera las condenas ni constituye un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de los ocho rugbiers.
El máximo tribunal ya había rechazado otros planteos de las defensas en abril de 2026, relacionados con pedidos de nulidad y revisión extraordinaria.
Con esta nueva decisión, los siete condenados que impulsaron la denuncia recibieron otro revés judicial en su intento de cuestionar las actuaciones realizadas después del crimen.
