Tras la tragedia de Monteagudo 120, el Concejo Deliberante y la Municipalidad comenzaron a trabajar en una ordenanza para regularizar los inmuebles que cumplan con las condiciones de seguridad y endurecer las sanciones contra las empresas que incumplen las normas.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán detectó 253 edificios de viviendas sin certificado de final de obra y 1.084 multas vinculadas a esas construcciones, según un relevamiento presentado este miércoles ante el Concejo Deliberante.
Los datos fueron expuestos durante una reunión entre concejales y funcionarios municipales, convocada para analizar las irregularidades edilicias y avanzar en nuevas herramientas de control.
El encuentro se produjo después de la tragedia ocurrida en el edificio de Monteagudo 120, donde el médico Jonathan Stisman murió tras una explosión seguida de un incendio en su departamento.
Las autoridades acordaron profundizar los relevamientos, identificar los inmuebles que presentan riesgos para sus ocupantes y evaluar una ordenanza que permita regularizar las construcciones con infracciones menores, sin comprometer la seguridad de los vecinos.
Uno de cada seis edificios no tiene final de obra
De acuerdo con la información presentada por la Dirección de Catastro, San Miguel de Tucumán cuenta con aproximadamente 1.450 construcciones de vivienda colectiva, de las cuales 253 carecen del certificado de final de obra.
Esto representa alrededor del 17% del total de edificios relevados.
El funcionario municipal Luis Lobo Chaklián explicó que los datos surgieron de un proceso de digitalización de los registros de Catastro.
“En un trabajo de digitalización que lleva adelante Catastro llegamos a la cifra de que la ciudad cuenta con más de 1.400 construcciones de vivienda colectiva y que de ese número 253 no cuentan con un final de obra”, señaló.
También informó que existen 1.084 multas relacionadas con esos inmuebles, una cifra que abrió el debate sobre la efectividad de las sanciones aplicadas a las constructoras.
El relevamiento incluye edificios con diferentes tipos de irregularidades, desde incumplimientos administrativos hasta situaciones que requieren evaluaciones técnicas por posibles riesgos de seguridad.
Juri: “La última opción será el desalojo”
La reunión fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, quien explicó que el objetivo es distinguir los edificios que pueden regularizarse de aquellos que presentan deficiencias graves.
“Una cosa es la falta de extintores de incendio o que le falte una cochera y otra es la falta de salidas de emergencia o la construcción de más pisos sin los cimientos aptos. Analizamos caso por caso”, afirmó.
Juri aclaró que no se permitirá avanzar con regularizaciones cuando existan riesgos estructurales sin contar previamente con los estudios profesionales correspondientes.
También buscó llevar tranquilidad a las familias que viven en edificios sin final de obra y aseguró que no se pretende realizar desalojos generalizados.
“La última opción será lógicamente el desalojo de alguna unidad porque no queremos llevar preocupación a personas que vivan en edificio sin final de obra”, sostuvo.
Piden sanciones más duras contra las constructoras
El concejal radical Gustavo Cobos, impulsor de la resolución que dio origen a la reunión, planteó la necesidad de revisar las herramientas que tiene el Municipio para sancionar a las empresas que incumplen las normas.
Según explicó, el objetivo es resolver dos problemas: garantizar la seguridad de quienes viven en edificios sin final de obra y permitir que los propietarios puedan acceder a las escrituras de sus viviendas.
Cobos cuestionó que algunas constructoras continúen ejecutando trabajos pese a recibir observaciones y multas.
“Si constantemente a pesar de las multas y de ser notificados las empresas siguen incumpliendo, de nada sirve avanzar”, advirtió.
El edil sostuvo que será necesario determinar si las sanciones actuales resultan suficientes o si corresponde ampliar las facultades del Municipio para intervenir frente a las irregularidades.
“No puede ser que se han notificado fallas de construcción y avanzaron con la obra de igual manera”, agregó.
Detectaron 17 edificios con peligro de derrumbe
Durante el encuentro, los funcionarios municipales también presentaron información sobre otros controles realizados en la capital.
Según los datos expuestos, las áreas técnicas identificaron 245 fachadas en mal estado y 17 edificios con peligro de derrumbe, sobre los cuales se iniciaron actuaciones para atender los riesgos detectados.
Además, informaron que desde el comienzo de la actual gestión municipal se habían relevado 52 locales bailables que funcionaban sin autorización y cuya situación fue regularizada mediante intervenciones del Municipio.
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, explicó que los controles sobre edificios se intensificaron recientemente, aunque señaló que ya existía un trabajo coordinado con Catastro en otros establecimientos.
Las autoridades no precisaron durante la reunión si los 17 inmuebles con peligro de derrumbe forman parte de los 253 edificios sin final de obra.
Una ordenanza para regularizar los edificios
El Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo acordaron continuar el trabajo conjunto para evaluar una normativa que facilite la regularización de las construcciones que cumplan con las condiciones de seguridad.
La propuesta contempla diferenciar las infracciones menores, como modificaciones de superficies o cocheras, de aquellas que puedan comprometer la estructura del edificio o las vías de evacuación.
Lobo Chaklián explicó que el Municipio deberá elaborar un informe más detallado para clasificar los casos.
“Queremos separar justamente aquellos que son muy graves para diferenciarlos, que tengan un estudio especial, y a todos los otros que son cuestiones mínimas se les pueda dar un instrumento más rápido para habilitarlo”, manifestó.
El análisis también se vinculará con la actualización del Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán.
La situación de los propietarios que no pueden escriturar
Otro de los puntos centrales de la discusión fue la situación de las familias que compraron departamentos y no pueden acceder a la escritura debido a irregularidades de las constructoras.
El concejal radical Federico Romano Norri sostuvo que las soluciones deben estar orientadas a proteger a los propietarios que adquirieron sus viviendas de buena fe.
“El que ha comprado de buena fe, con un esfuerzo y sacrificio de toda una vida, quiere acceder a su vivienda y hoy no tiene escritura”, señaló.
El edil remarcó que el objetivo no debe ser beneficiar a las empresas incumplidoras, sino resolver la situación de quienes necesitan contar con la documentación de sus inmuebles y vivir en condiciones seguras.
Tras la reunión, concejales y funcionarios acordaron continuar el intercambio de información para definir los alcances de la futura ordenanza y evaluar posibles modificaciones al régimen de sanciones.
Por el momento, no se aprobó ninguna nueva normativa ni se anunció un incremento concreto de las multas. Las propuestas continuarán bajo análisis mientras el Municipio profundiza el relevamiento de los edificios observados.
