En San Miguel de Tucumán hay 253 edificios sin certificado de final de obra y más de seis de cada 10 están terminados y habitados. Los datos fueron revelados por la directora de Catastro municipal, Nora Belloni, durante una reunión en el Concejo Deliberante, donde también quedó expuesto que todavía no se determinó cuántos de esos inmuebles presentan problemas que puedan comprometer la seguridad de sus ocupantes.
La convocatoria, que responde a la Resolución N° 5.067/26, aprobada en agosto, se produjo después de la explosión y el incendio registrados en el edificio de Monteagudo 120. El inmueble, ubicado frente al Concejo, nunca había obtenido el certificado de final de obra y acumulaba intimaciones municipales desde 2018 por irregularidades. A causa de este episodio, los concejales Gustavo Cobos y José María Canelada propusieron realizar una auditoría. Para alcanzar un acuerdo entre los bloques, la iniciativa fue reemplazada por una reunión con las áreas municipales involucradas.
Belloni precisó que el relevamiento comprende alrededor de 1.400 construcciones y que otro 8,7% de los que carecen de certificación figura como terminado, pero desocupado. También aclaró que los datos no están discriminados por zonas de la ciudad. “Mucha gente está afectada porque no puede tener sus escrituras”, señaló.
El encuentro se desarrolló en el quinto piso del Concejo Deliberante y fue abierto por su presidente, Fernando Juri. La convocatoria reunió a las comisiones de Obras Públicas y Estética, encabezada por Federico Romano Norri, y de Planeamiento, Desarrollo Urbano e Innovación Tecnológica, presidida por Facundo Vargas Aignasse. Por el Municipio asistieron Belloni, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández, y el arquitecto Luis Lobo Chaklián, responsable técnico del nuevo Código de Planeamiento Urbano.
Uno de los principales interrogantes surgió cuando ante la insistente consulta de diferentes concejales de si existían edificios en los que estuviera en riesgo la vida de las personas. Fernández respondió que las distintas áreas municipales están cruzando información para establecer esa situación. El funcionario informó que se inspeccionaron 112 unidades y aseguró que en ninguno se detectó peligro para los habitantes. No quedó precisado si esas construcciones integran el grupo de 253 inmuebles sin final de obra. “Según fuentes extraoficiales, lo que pasó en Monteagudo al 120 no está relacionado con la seguridad del edificio”, dijo.
Ernesto Nagle reclamó que el trabajo se concentre en identificar las unidades que presentan riesgos y advirtió sobre las responsabilidades políticas que pueden derivarse de los incumplimientos privados. “Cuando sucedió lo del frente, la ciudadanía dijo que la culpa era de los funcionarios del Municipio y de los concejales”, recordó. “No hay diferencia de bancada política en esto. Si la gestión privada no cumple con las cosas, dejamos en manos que pueda haber una tragedia. Nosotros y ustedes quedamos muy expuestos”, afirmó.
La discusión avanzó sobre las herramientas disponibles para actuar frente a las irregularidades. Cobos advirtió que existen construcciones que continúan avanzando pese a las notificaciones y multas. Por eso, propuso estudiar mecanismos de intervención más efectivos para impedir que los incumplimientos se prolonguen hasta que las empresas soliciten excepciones. José María Franco, en tanto, sugirió priorizar el área central para agilizar las tareas de relevamiento.
Lobo Chaklián atribuyó parte de las irregularidades a prácticas de administraciones anteriores. “Las herencias de gestiones anteriores hay que transparentarlas y normalizarlas”, expresó. El arquitecto también indicó que se habían identificado alrededor de 17 construcciones con peligro de derrumbe y que el Ejecutivo intervino en siete. Además, sostuvo que el nuevo Código de Planeamiento Urbano debería contribuir a corregir las deficiencias existentes.
