La fiscalía solicitó 43 nuevas declaraciones indagatorias por presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos. La investigación apunta a una red de proveedores que habría cobrado sobreprecios y pagado coimas a funcionarios.
La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo avance judicial. Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 declaraciones indagatorias, entre ellas las de los propietarios de la droguería Suizo Argentina y directivos de otras empresas farmacéuticas.
El pedido alcanza a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de Suizo Argentina, respectivamente. Según la hipótesis fiscal, la empresa habría ejercido influencia sobre las contrataciones, los pagos a proveedores y determinadas decisiones internas del organismo durante el gobierno de Javier Milei.
Los investigadores sospechan que existió una organización destinada a direccionar las compras de medicamentos, cobrar sobreprecios y entregar retornos a funcionarios públicos.
Investigan sobreprecios superiores al 1.000%
De acuerdo con el dictamen, al menos 15 droguerías habrían coordinado sus ofertas para repartirse contrataciones de medicamentos destinados a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves.
La fiscalía detectó diferencias de precios superiores al 1.000% entre distintas cotizaciones. También encontró documentación que indicaría que Suizo Argentina tenía acceso anticipado a las ofertas de otras empresas.
Las maniobras se habrían realizado mediante procedimientos de contratación reducidos, en los que la ANDIS seleccionaba a las firmas invitadas a presentar presupuestos.
También apuntan contra Diego Spagnuolo
El pedido incluye una nueva indagatoria al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue apartado de su cargo tras la difusión de audios sobre presuntos hechos de corrupción.
Los fiscales buscan que responda por un supuesto soborno vinculado con un viaje a Israel que habría sido financiado por el empresario Miguel Ángel Calvete.
La investigación también involucra a otros exfuncionarios y empresarios que habrían participado en el funcionamiento de la presunta red de contrataciones irregulares.
Aunque el expediente menciona posibles vínculos políticos, Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem no están bajo investigación en esta causa, según la información del dictamen.
La decisión queda en manos del juez Lijo
La presentación fue incorporada al expediente que tramita en el juzgado federal subrogado por Ariel Lijo, quien deberá resolver si convoca a declarar a los empresarios y exfuncionarios señalados.
La causa busca determinar si existió una estructura organizada para controlar las compras de medicamentos de la ANDIS y obtener beneficios económicos ilegales mediante sobreprecios y pagos de coimas.
Por el momento, las acusaciones forman parte de la hipótesis de la fiscalía y deberán ser evaluadas por la Justicia.
