La provincia de Tucumán vuelve a registrar una fuerte presión sobre las economías domésticas y productivas tras confirmarse una nueva actualización en las tarifas del servicio eléctrico. A través de la Resolución N.º 868/26 firmada por el interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (Ersept), Eduardo Alberto Cobos, se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios que entrarán en vigencia de manera escalonada desde este sábado 24 de octubre y se profundizarán a partir del 1 de noviembre, desatando inmediatos cuestionamientos por parte de las entidades de usuarios y gremios docentes.

La resolución oficial y la actualización del Valor Agregado de Distribución

La medida regulatoria, plasmada formalmente en el Boletín Oficial, contempla una modificación en el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente tarifario destinado a retribuir los costos operativos propios de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET). Según los informes técnicos elaborados por el organismo de control, el factor de actualización considerado para el mes de octubre trepa al 13,12%, acumulando una variación del 56,78% en comparación con el período tomado como referencia inicial.

Si bien las autoridades recordaron que el porcentaje del VAD no se traduce de manera lineal en la cifra final de las facturas —ya que el monto abonado por cada usuario se encuentra condicionado por su nivel de consumo, los precios de abastecimiento mayorista, los esquemas de subsidios vigentes y los impuestos provinciales y municipales—, la modificación altera sustancialmente la estructura tarifaria aplicable en todo el territorio provincial.

Cabe destacar que, durante el proceso técnico, el organismo regulador optó por rechazar parcialmente las pretensiones económicas formuladas originariamente por la distribuidora privada, resolviendo aplicar los valores derivados de los cálculos propios efectuados por las áreas técnicas del ERSEPT y ratificando la continuidad de los regímenes de protección para beneficiarios de la Tarifa Social, usuarios electrodependientes y entidades de bomberos voluntarios.

El rechazo de las asociaciones de consumidores y la advertencia sobre el endeudamiento familiar

El incremento autorizado avanzó a pesar de la firme oposición manifestada por los representantes de los consumidores en las instancias de consulta pública. Silvia Elena López, defensora de los intereses de los usuarios en el ámbito del ERSEPT, había solicitado formalmente la no aplicación de una nueva suba tarifaria, argumentando la delicada situación socioeconómica que atraviesan los hogares de la provincia, el elevado nivel de endeudamiento familiar existente y la necesidad elemental de garantizar la continuidad en el acceso a un servicio público esencial.

En la misma línea crítica se posicionaron diversas entidades intermedias. La Unión de Usuarios y Consumidores, encabezada por su presidenta regional Natalia López Marnero, cuestionó las dificultades operativas para acceder a la información y reconstruir los cálculos metodológicos del VAD, mientras que la Red de Defensa al Consumidor y Usuario (REDECU) cuestionó los criterios aplicados para determinar los costos y advirtió sobre posibles superposiciones con revisiones anteriores. Pese a estas observaciones, el ente de control desestimó los planteos al considerar que las objeciones sociales no constituían impedimentos de índole estrictamente técnica para frenar la redeterminación.

El fuerte impacto en los salarios docentes según un informe de ATEP

Uno de los ejes más sensibles que atravesó el expediente administrativo estuvo dado por la incorporación de un relevamiento elaborado por la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), conducida por Hugo Brito, que midió el peso real de las boletas de luz sobre los ingresos del sector trabajador. El estudio sectorial advirtió que la sostenibilidad de los servicios públicos debe analizarse en sintonía con la capacidad real de pago de la ciudadanía y no solo bajo la óptica financiera de la empresa prestadora.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por el gremio docente, el esfuerzo salarial destinado a cubrir el consumo eléctrico doméstico experimentó un salto exponencial durante el año: para un consumo residencial moderado de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales, el gasto pasó de demandar el 5,03% de los ingresos en enero al 5,93% en agosto. La incidencia se dispara notablemente en los tramos de mayor consumo, representando aproximadamente el 8,23% para 450 kWh y trepando hasta un gravoso 13,83% del salario para aquellos hogares que consumen 600 kWh mensuales, cifras calculadas antes de la aplicación de este nuevo cuadro tarifario que vuelve a tensar el presupuesto de las familias tucumanas.