El Tribunal Oral Federal N.º 5 inició el debate unificado por presunta asociación ilícita y lavado de activos. Hay 19 imputados y la Fiscalía sostiene que las maniobras investigadas involucraron fondos públicos, empresarios y negocios inmobiliarios.
El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes en los tribunales federales, con la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner entre los 19 imputados. Ambos están acusados por presunta asociación ilícita y lavado de activos en una investigación que analiza operaciones vinculadas con la obra pública, el alquiler de hoteles y los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner.
El debate quedó a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal dispusiera la unificación de las causas.
Cristina y Máximo Kirchner, al igual que otros acusados, fueron autorizados a participar de manera virtual en esta primera audiencia. Sin embargo, el presidente del tribunal aclaró que se trata de una situación excepcional y que deberán presentarse personalmente para las indagatorias.
La discusión por los plazos procesales
Durante la audiencia, una de las defensas cuestionó que la unificación de los expedientes no hubiera respetado los diez días hábiles considerados necesarios para preparar la defensa en la causa Hotesur, cuyo debate estaba previsto inicialmente para marzo de 2027.
Ante el planteo, el juez Michilini explicó que este viernes comenzaría la lectura de las acusaciones correspondientes a Los Sauces y que esa instancia continuaría durante los próximos días para completar el plazo señalado.
El fiscal Diego Velasco deberá presentar además el resumen de la imputación correspondiente a Hotesur.
Qué sostiene la acusación
En la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía sostuvo que los hechos investigados habrían sido organizados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con participación de funcionarios y empresarios, con el objetivo de apropiarse de fondos públicos.
Según la acusación, una parte del dinero presuntamente sustraído al Estado mediante la obra pública vial habría sido canalizada hacia los expresidentes y su entorno familiar a través del pago de dádivas.
Los fiscales sostienen que existió una presunta asociación ilícita estable entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con funciones distribuidas entre sus integrantes dentro y fuera de la estructura estatal.
Se trata de hipótesis que deberán ser analizadas durante el juicio y cuya responsabilidad penal no está determinada por el inicio del debate.
Hoteles, propiedades y empresarios bajo investigación
La acusación también plantea que las maniobras investigadas no se habrían limitado a los beneficios económicos que, según la Fiscalía, recibieron empresarios vinculados con la obra pública, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, posteriormente se habría utilizado un esquema de préstamos, operaciones inmobiliarias, alquileres de hoteles y propiedades, y mejoras en establecimientos para transferir y disimular parte de las ganancias presuntamente ilícitas.
En ese contexto, los investigadores señalaron que propiedades de Néstor y Cristina Kirchner habrían sido utilizadas para recibir dinero proveniente de empresas vinculadas con Báez y con el Grupo Indalo, mediante actividades hoteleras e inmobiliarias.
El juicio buscará determinar si existieron las maniobras descriptas por la acusación y qué responsabilidad les corresponde a cada uno de los imputados.
