El Ministerio de Capital Humano anunció la apelación del fallo a favor de la CGT y sostuvo que la Ley de Modernización Laboral es una “herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores”.
Este lunes, un fallo judicial del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63 a favor de la Confederación General del Trabajo (CGT) suspendió 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral. El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció que apelará ante la Justicia y defendió la reforma laboral libertaria.
A través de las redes sociales, Capital Humano anunció que el gobierno apelará el fallo que suspendió 83 artículos de la reforma laboral, y ratificó que la Ley de Modernización Laboral es una “herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores“.
“Se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N°27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno“, enfatizaron desde la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello.
En ese marco, desde Capital Humano rechazaron “los intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento que caracterizaron etapas anteriores de nuestra historia“.
La CGT, a través de sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo cuestionó 83 artículos de la ley que fuera publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo pasado: ‘los gordos’ argumentaron que la misma violaba principios y derechos establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales ratificados por Argentina, incluyendo el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y la progresividad de los derechos sociales.
Detalló Infobae que la demanda de la CGT solicitó una declaración de inconstitucionalidad para artículos que modifican leyes históricas del trabajo en Argentina, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y diversas normas vinculadas con jornadas, vacaciones, representación sindical, negociación colectiva y estatutos sindicales.
Entre los puntos objetados se encuentran la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas regulaciones para las plataformas tecnológicas, la limitación de responsabilidad solidaria de empleadores, la eliminación del principio “in dubio pro operario”, cambios en estatutos de huelga y representatividad sindical, así como la derogación de la ley de teletrabajo (N° 27.555).
El Estado Nacional, representado por la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, respondió oponiendo una serie de cuestionamientos formales y sustanciales, como la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores de manera directa, la inexistencia de un “caso o controversia” concreta respecto a los derechos invocados y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa, señalando que la suspensión provisional de una ley afecta el interés público y la división de poderes establecida por la Constitución.
