La crisis del transporte público en Tucumán entró en una fase decisiva, con señales de auxilio de corto alcance y un horizonte aún incierto. Tras una reunión clave en el Ministerio de Economía provincial, comenzó a tomar forma una alternativa de emergencia: un anticipo de $2.000 millones en concepto de futuras compensaciones tarifarias, destinado a amortiguar el impacto del abrupto aumento del gasoil.
La medida, que se discute como un salvataje coyuntural, apunta a descomprimir una situación que ya muestra síntomas de c
olapso. El incremento del combustible -que en pocas semanas pasó de unos $1.400 a cerca de $2.500 por litro- desordenó por completo la ecuación de costos de las empresas, que reaccionaron con recortes de frecuencias y advertencias sobre posibles ajustes más profundos.
En ese contexto, el aporte provincial aparece como un puente financiero para sostener el sistema en lo inmediato, más que como una solución estructural. Según trascendió, el desembolso permitiría cubrir parte del mayor costo operativo derivado del gasoil, evitando -al menos por ahora- una profundización del conflicto que amenaza con paralizar el servicio.
Pero el alivio sería transitorio. En la Casa de Gobierno ya anticipan que la discusión de fondo quedará para la próxima semana, cuando funcionarios y empresarios vuelvan a sentarse a negociar un rediseño integral del sistema. La referencia no es menor: el esquema actual es considerado inviable tanto por el sector privado como por el Estado.
Esta asistencia de fondos por parte de la Provincia alcanzará a todas las líneas y empresas que operan en la Capital y en el interior. Mientras tanto, el Municipio de San Miguel de Tucumán se mantiene firme en su postura. La intendenta Rossana Chahla ya dejó en claro que no habrá nuevos subsidios sin una reestructuración “eficiente”, y desde su equipo remarcan que las empresas aún no presentaron información clave sobre costos y recorridos. La decisión política es no seguir inyectando fondos sin cambios de fondo.
En los hechos, la reducción de unidades en circulación -de 377 a apenas 250- ya impacta en la experiencia cotidiana de los usuarios, especialmente en horas pico.
El frente sindical, por su parte, agrega presión y dramatismo. Desde la UTA advierten que hay 3.100 puestos de trabajo en riesgo y denuncian atrasos salariales significativos: los choferes aún no percibieron la totalidad de los haberes de marzo y arrastran una deuda cercana a los $650.000 por trabajador. La amenaza de medidas de fuerza sobrevuela como telón de fondo.
En esa línea, el anticipo de $2.000 millones puede evitar un colapso inmediato, pero no despeja la incógnita de fondo: cuánto tiempo más puede sostenerse un esquema que, a todas luces, ya no cierra. /Tendencia de Noticias
