Una denuncia presentada en la Justicia de Catamarca puso bajo investigación a los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar, acusados de haberse apropiado de bienes y dinero pertenecientes a una joven de 21 años que había recibido una indemnización tras haber sido víctima de abuso sexual. La información fue publicada por el diario El Ancasti, que tuvo acceso a detalles de la causa.
Según la presentación judicial, la joven había logrado una reparación integral en una causa por abuso sexual que incluyó la entrega de una camioneta Ford Ranger modelo 2023, valuada en unos 50 millones de pesos. Sin embargo, meses después el vehículo habría sido vendido por $33,5 millones a una persona vinculada al entorno de uno de los abogados denunciados. La causa, caratulada como presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada, quedó en manos del fiscal Carlos Saltor.
Para los investigadores, ese momento marca el inicio de una serie de maniobras que habrían dejado a la víctima sin el control de los fondos obtenidos como indemnización.
La denuncia sostiene que uno de los letrados le habría aconsejado no depositar el dinero en entidades bancarias. Según el relato incorporado al expediente, le advirtió sobre posibles riesgos financieros y hasta sobre eventuales robos, argumentos que habrían generado un escenario de dependencia y temor.
La investigación avanzó de manera significativa en las últimas horas con una serie de allanamientos ordenados por la jueza Cynthia Lorena Rocha a pedido de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4.
Los procedimientos se realizaron tanto en el estudio jurídico de Alfredo y Silvia Aydar, ubicado en Maipú 70, quinto piso, como en un domicilio particular de San Miguel de Tucumán. Según el informe policial, ambos operativos arrojaron resultados positivos.
En las oficinas del estudio jurídico los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación vinculada a las operaciones realizadas entre los acusados y la joven denunciante. En paralelo, en la vivienda allanada se incautaron otros teléfonos, una tablet y distintos elementos tecnológicos que ahora serán sometidos a peritajes.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el secuestro de una pistola Glock calibre .40, dos cargadores y 30 cartuchos. A raíz de ese hallazgo se iniciaron actuaciones complementarias por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, causa que quedó bajo intervención de la Unidad Fiscal Criminal de turno.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la pesquisa busca reconstruir el recorrido de los fondos que la joven habría entregado a los abogados tras vender una camioneta Ford Ranger por $33,5 millones, vehículo que había recibido como reparación económica en una causa por abuso sexual.
Según la hipótesis que investiga la fiscalía, Alfredo y Silvia Aydar se habrían aprovechado de la relación de confianza construida con la víctima y de su situación de vulnerabilidad para convencerla de entregarles la custodia del dinero. La acusación sostiene que posteriormente habrían dispuesto de al menos $10 millones sin autorización y que además intentaron aplicar retenciones millonarias bajo el concepto de honorarios que, según la denunciante, nunca fueron pactados formalmente.
Los teléfonos, computadoras, pendrives y demás documentación secuestrada serán claves para determinar si existieron maniobras irregulares y para reconstruir los movimientos financieros que hoy se encuentran bajo la lupa judicial.
La joven asegura que jamás firmó autorizaciones para que su dinero fuera utilizado de esa manera.
El expediente también abrió otra línea de análisis. Fuentes judiciales señalaron que podría evaluarse si existió intermediación financiera no autorizada, una figura cuya investigación corresponde a la Justicia Federal cuando involucra movimientos habituales de fondos de terceros sin autorización del Banco Central.
La investigación se desarrolla además bajo perspectiva de género. La denuncia remarca que la víctima tiene 21 años, se encuentra desempleada, atravesó parte de los hechos durante su embarazo y actualmente es madre de un bebé de dos meses. Según sostiene la acusación, la indemnización representaba el principal respaldo económico para garantizar su sustento y el de su hijo.
Con las pruebas secuestradas ya en manos de los investigadores, la Justicia busca reconstruir el recorrido del dinero y determinar si efectivamente existió una maniobra para despojar a la joven de los recursos que había obtenido tras atravesar uno de los episodios más traumáticos de su vida.
