El Gobierno provincial lanzó un megaoperativo de seguridad para frenar la ola de amenazas que sacude a la comunidad educativa. Con el despliegue de todas las unidades regionales y un decreto que endurece las sanciones, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, y el gobernador Osvaldo Jaldo advirtieron que “se terminó la vista gorda” y que los menores involucrados serán tratados como autores de un delito.
La psicosis por posibles ataques armados en las aulas —vinculada a supuestos retos virales de redes sociales— obligó a la Policía de Tucumán a desviar recursos operativos críticos. Según confirmó Girvau, son cerca de 2.500 efectivos de Infantería, el Grupo Cero y la división motorizada los que están afectados exclusivamente a la vigilancia de escuelas y colegios en las cinco unidades regionales de la provincia.
“Es un delito y hay que caerles con todo el peso de la ley”
El jefe de la fuerza fue contundente al señalar que este despliegue es, en realidad, innecesario y le quita presencia policial a otras zonas de la provincia. “Los estudiantes están cometiendo un delito y los padres tienen que hacerse responsables. El alumno tiene que ir a estudiar, y el que haga amenazas terminará detenido”, sentenció Girvau.
En la misma línea, el gobernador Osvaldo Jaldo manifestó su preocupación tras confirmarse que, hasta la noche del jueves, se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones. “Decir que puede haber tiros es una amenaza, y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, afirmó el mandatario, quien subrayó que no se permitirá que las escuelas vivan en un clima de terror.
Las claves del Decreto N° 772/7: expulsión y traslado
Para respaldar el accionar policial, el Ejecutivo firmó esta semana una normativa estricta que redefine el protocolo ante este tipo de situaciones. Los puntos principales del decreto incluyen:
- Acción directa: Instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía a intensificar la prevención y disuasión tanto dentro como fuera de los edificios escolares.
- Sanciones severas: Contempla la expulsión y aprehensión de los alumnos involucrados. En casos de reincidencia o gravedad, se prevé el traslado de los menores al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz.
- Responsabilidad parental: La normativa establece que los padres o tutores deberán responder por la conducta de los menores y los daños generados.
- Advertencia a las instituciones: Los colegios privados que no garanticen el cuidado de los estudiantes o que fallen en la implementación de protocolos podrían enfrentar la pérdida de subsidios estatales.
Con este despliegue, el Gobierno busca desactivar el “efecto contagio” que ya provocó cierres preventivos en escuelas de Alberdi, Yerba Buena y la Capital. La orden es clara: presencia policial constante para llevar tranquilidad a las familias y firmeza judicial para quienes realicen este tipo de intimidaciones.
