La sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) fue allanada este viernes tras una denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone. La causa investiga presuntas irregularidades en la distribución de las compensaciones tarifarias (subsidios) y una supuesta administración fraudulenta que compromete a la cúpula de la entidad.
El procedimiento judicial generó una respuesta inmediata de Jorge Berreta, vicepresidente de Aetat, quien calificó la acusación como “falsa, maliciosa y con claras intenciones políticas”. Según el dirigente, la entidad ha dado órdenes estrictas de colaborar con la Justicia, facilitando toda la documentación requerida para desestimar la denuncia de Gómez Sansone.
Los ejes de la disputa: subsidios y criterios de reparto
El centro del conflicto radica en cómo Aetat distribuye mensualmente los fondos que llegan desde el Estado para sostener el sistema de transporte público. Mientras la denuncia habla de maniobras opacas, Berreta defendió la transparencia del proceso:
- Reparto por ley: El directivo aseguró que las compensaciones se distribuyen según lo establece la normativa vigente, basándose principalmente en la cantidad de trabajadores registrados de cada firma.
- Control empresarial: Berreta subrayó que los números están a la vista de las más de 50 empresas que nuclea la asociación y que los balances anuales fueron aprobados en su momento, incluso por el propio denunciante.
- Aislamiento del reclamo: “Si hubiera una estafa, involucraría a todas las empresas, pero la única que dice tener problemas es la que representa Gómez Sansone”, sentenció el vicepresidente de la entidad.
Un trasfondo de internas políticas y empresariales
Para la conducción de Aetat, este allanamiento no es un hecho aislado sino un intento de “desestabilizar una institución con más de 60 años de trayectoria”. Berreta vinculó directamente la denuncia a intereses políticos externos e internos, sugiriendo que se busca debilitar la posición de la cámara empresarial en un momento de tensión por el costo del boleto y la crisis del sector.
Por estas horas, personal judicial analiza los libros contables y los registros de transferencias de la asociación para determinar si existió un desvío de fondos o si, como sostiene Berreta, se trata de una disputa comercial llevada al plano penal. El dirigente fue tajante al cerrar su defensa: “Hay mucha mentira y no me voy a quedar callado; estamos a derecho y a total disposición de la Justicia”.
