El Gobierno nacional puso en marcha un proceso de reforma en las políticas destinadas a las personas con discapacidad. A través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso que busca actualizar el marco normativo vigente y establece un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios.
La medida tiene como objetivo principal auditar y transparentar el otorgamiento de las Pensiones No Contributivas. Según las autoridades, este proceso es necesario para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y para detectar posibles irregularidades en la entrega de prestaciones y subsidios estatales.
Reempadronamiento y auditoría de prestaciones
El nuevo esquema establece que los titulares de beneficios deberán actualizar sus datos y someterse a evaluaciones médicas periódicas. La intención del Ejecutivo es modernizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) agilizando los trámites administrativos, pero incrementando los controles sobre la validez de los diagnósticos presentados.
Pérdida de beneficios y régimen laboral
Con respecto al marco laboral, el proyecto de ley establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones.
Otro punto polémico es que también introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema autorizando convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. De esta manera, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.
