La crisis por las falsas alarmas en los establecimientos educativos alcanzó una cifra preocupante. El Ministerio Público Fiscal confirmó que ya se registraron más de 80 denuncias por amenazas de tiroteos y bombas en diferentes instituciones de la provincia en lo que va del año.
Ante la escalada de casos, las autoridades judiciales intensificaron las investigaciones para identificar a los responsables de estos mensajes intimidatorios. Según informaron desde el organismo, el impacto de estas amenazas no solo genera pánico en la comunidad educativa, sino que también provoca un gasto millonario al Estado por el despliegue de operativos de seguridad.
Rastreo digital y consecuencias legales
Los equipos especializados en delitos telemáticos trabajan en el rastreo de los números telefónicos y las cuentas de redes sociales desde donde se emiten las alertas. El fiscal interviniente advirtió que los autores, incluso si son menores de edad, pueden enfrentar causas penales graves bajo la figura de intimidación pública.
Además, el MPF remarcó que los padres o tutores de los jóvenes involucrados podrían ser civilmente responsables por los daños ocasionados. La justicia busca sentar un precedente para frenar esta ola de denuncias que, hasta el momento, resultaron ser falsas alarmas pero que obligan a evacuar edificios y suspender clases.
Preocupación en el ámbito educativo
El aumento repentino de denuncias puso en jaque el normal funcionamiento del ciclo lectivo en varias zonas de Tucumán. Muchos directivos manifestaron su preocupación por el nivel de violencia de los mensajes, que en las últimas semanas pasaron de amenazas de bomba a advertencias sobre posibles tiroteos masivos.
Mientras avanza la investigación, se pidió a las familias dialogar con los alumnos sobre la gravedad de estas acciones. El Gobierno provincial y la justicia coordinan protocolos de acción más rápidos para minimizar la interrupción de actividades, aunque aseguraron que no se subestimará ninguna denuncia por protocolo de seguridad.
