Luego de una semana marcada por el hermetismo y la restricción al trabajo periodístico, el Ejecutivo nacional ratificó que este lunes se pondrá nuevamente en funcionamiento el espacio destinado a los cronistas en la Casa Rosada. La decisión se conoció mientras la Justicia avanzaba en un recurso de amparo y en medio de fuertes cuestionamientos de entidades gremiales y la Iglesia.
El regreso de las conferencias y el factor judicial
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomará su habitual contacto con los medios este lunes a las 11:00. Su reaparición ocurre en un contexto delicado, ya que el funcionario carga con denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito —bajo análisis judicial— y recientemente trascendió la compra de su departamento en Caballito por un valor de 230 mil dólares.
La reapertura de la sala de prensa parece ser un movimiento estratégico para adelantarse a un revés en los tribunales. El juzgado conducido por Walter Lara Correa tramitaba una medida cautelar urgente presentada por el diario Ámbito para restablecer el ingreso de sus cronistas, argumentando que el veto era ilegítimo y violaba la libertad de prensa.
Nuevas reglas y el conflicto con TN
Si bien se restablecerán los accesos, la “vuelta a la normalidad” tendrá matices:
- Filtros estrictos: El oficialismo filtró que la reapertura vendrá acompañada de controles de ingreso más rigurosos.
- Veto persistente: La única excepción al ingreso recae sobre el cronista de TN, debido a una denuncia penal de Casa Militar por presunta tarea de espionaje tras la divulgación de imágenes en zonas internas restringidas.
- Revalidación de pases: Durante las últimas horas, se enviaron correos a los periodistas con credencial vigente para convalidar los pases que habían caducado el pasado 31 de marzo.
Rechazo social y blindaje legislativo
Durante los siete días de cierre, los periodistas debieron trabajar desde cafés cercanos a Plaza de Mayo, situación que cosechó críticas de ADEPA, FOPEA y AEDBA. Incluso el arzobispo Jorge Lozano se solidarizó con los acreditados, subrayando que su labor es un derecho de la ciudadanía para conocer las acciones de gobierno.
En paralelo, en el Senado avanza una propuesta de la legisladora Carolina Moisés para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública. El proyecto busca obligar a los tres poderes del Estado a disponer de espacios de prensa permanentes y prohibir el retiro masivo de credenciales sin una causa debidamente motivada y revisable por la Justicia.
