El organismo presentó un recurso de queja contra el fallo que ordenó restituir el beneficio. Desde el Gobierno consideran “inadmisible” que una persona condenada perciba una prestación de ese tipo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) elevó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar revertir el fallo judicial que ordena restituirle una pensión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que obligó al Estado a reanudar el pago de una de las asignaciones que la exmandataria percibía hasta noviembre de 2024.
Desde el Ministerio de Capital Humano, del cual depende el organismo, cuestionaron con dureza la decisión judicial: “Resulta especialmente inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio”, señalaron en un comunicado.
El conflicto se originó luego de que la Anses resolviera dar de baja dos beneficios previsionales —la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner y la asignación vitalicia como expresidenta— tras la confirmación de la condena por corrupción en la causa Vialidad.
Sin embargo, en febrero de este año, los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini hicieron lugar a una medida cautelar solicitada por la exfuncionaria y ordenaron restablecer provisoriamente uno de esos ingresos, al considerar su “carácter alimentario”.
El organismo previsional, junto con el Ministerio Público Fiscal, había intentado sin éxito que el caso llegara a la Corte mediante un recurso extraordinario. Tras ese rechazo, ahora avanzó con la presentación directa ante el máximo tribunal.
Según estimaciones, la prestación en discusión ronda actualmente los $9,6 millones mensuales, sin contemplar adicionales previos como el plus por zona austral.
Mientras tanto, el proceso judicial de fondo continúa abierto y busca definir si corresponde o no la restitución definitiva de los beneficios. En paralelo, la Corte deberá decidir si acepta tratar el planteo del Estado y revisa la cautelar vigente.
