El legislador José “Pepe” Seleme, del bloque “Avanza Tucumán”, cuestionó el nuevo aumento de la energía eléctrica y pidió mayor control provincial sobre la tarifa, las inversiones de EDET y los costos estructurales que pagan los usuarios tucumanos.
El nuevo aumento de la tarifa eléctrica confirma una preocupación central: en Tucumán la energía sube, pero las explicaciones siguen siendo pobres.
Hoy un hogar residencial paga $160,80 por kWh, en el marco de un nuevo cuadro tarifario autorizado por el ERSEPT mediante la Resolución N.º 322/26. Según lo informado públicamente, el incremento promedio para usuarios residenciales ronda el 8,2%, mientras que comercios, industrias y alumbrado público también tendrán nuevos impactos en sus costos.
“El Gobierno provincial no puede limitarse a decir que esto es un pasamanos de precios. Es cierto que Nación fija una parte importante del costo de la energía, la potencia y el transporte. Pero también es cierto que la Provincia tiene obligaciones concretas de control, información, planificación y defensa de los usuarios”, señaló Seleme.
En ese sentido, remarcó que el ERSEPT y el Gobierno deben explicar con claridad qué parte de la boleta corresponde al precio mayorista de la energía, qué parte corresponde a distribución, qué se paga por alumbrado público, qué componentes responden a inversiones, impuestos, subsidios o costos estructurales.
“Una tarifa puede estar formalmente autorizada, pero si el usuario no entiende qué está pagando, el sistema fracasa desde el punto de vista de la transparencia. La Ley Provincial N.º 6608 y la Ley Nacional de Defensa del Consumidor obligan a poner al usuario en el centro, no al final de la fila”, sostuvo.
Seleme también apuntó contra la falta de planificación energética provincial. Señaló que Tucumán arrastra costos que podrían haberse reducido si se hubieran controlado mejor las obligaciones de inversión de EDET y si se hubiera avanzado con obras estratégicas para integrar plenamente zonas como Tafí del Valle y Amaicha del Valle al sistema eléctrico argentino.
“No podemos naturalizar que los usuarios sigan pagando ineficiencias estructurales. Si existen zonas que todavía dependen de soluciones más caras, como generación aislada o sistemas asociados a combustibles de alto costo, alguien debe explicar qué obras se prometieron, qué controles hizo la Provincia y por qué esas soluciones no llegaron a tiempo”, afirmó.
