En una sesión clave para destrabar el escenario político de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Honorable Consejo Superior (HCS) resolvió este martes dejar sin efecto de manera oficial la convocatoria a la Honorable Asamblea Universitaria que estaba prevista para este miércoles 10 de junio.
A partir de esta decisión, encomendó a la Junta Electoral de la casa de altos estudios el diseño de una propuesta integral para readecuar todo el calendario correspondiente a la elección de rector y vicerrector para el período 2026-2030.
La resolución del cuerpo de gobierno universitario se dictó en respuesta directa a la última sentencia interlocutoria notificada ayer, lunes 8 de junio, por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Dicha causa judicial, caratulada “Cabrera, Miguel Angel y Otro c/ Universidad Nacional de Tucumán s/Recurso directo Ley de Educación Superior Ley 24.521″ (Expte. 8963/2026/CA1)”, obligó al HCS a revisar los plazos institucionales ante la falta de una resolución definitiva sobre el fondo del conflicto planteado por la lista opositora.
El texto aprobado hoy por los consejeros establece pautas precisas para encauzar el proceso eleccionario de la Etapa III:
- Cancelación de la fecha inmediata: Se deja formalmente sin efecto la asamblea del 10 de junio que había sido fijada de manera provisoria por la resolución RES-DGAC-5896/2026.
- Diseño de un nuevo calendario
- La Junta Electoral de la UNT tiene ahora la tarea de confeccionar un cronograma completo. Este nuevo esquema deberá incluir explícitamente los pasos ordenados por la Cámara Federal: la acreditación y recepción de fórmulas de candidatos; los períodos de exhibición e impugnaciones; la oficialización final de las candidaturas; y la nueva fecha de votación en la Asamblea Universitaria, cerrando con la asunción de los electos ante el rector saliente.
- Resguardo de derechos y vigencia de actos: El dictamen subraya que la readecuación no implica anular los actos ya cumplidos ni desconocer las situaciones electorales manifestadas en el inicio del proceso. De este modo, se busca blindar la legitimidad y los derechos políticos tanto de los postulantes que presentaron sus fórmulas en el cronograma original como del resto de la comunidad universitaria.
