Sin embargo, por estos días los números estarían prácticamente cerrados y el oficialismo apuesta por una votación favorable con el “sí” de propios y afines. De hecho, se comenta que hubo llamados desde la conducción que habrían destrabado el asunto.
Así, la tarifa urbana en San Miguel de Tucumán se elevaría de $1.250 a $1.700, lo que fija un incremento del 36%.
A favor y en contra
La sesión parlamentaria sería el jueves. Y en este marco, ya hay voces que marcaron una definición al respecto.
Entre ellos, el jefe de bloque de Peronismo de la Capital, Ernesto Nagle, remarcó que el incremento tarifario se justifica a partir de la suba de los costos operativos del sector. “Es notorio y es de público conocimiento el aumento que hubo en el gasoil, en los repuestos, en los insumos de los vehículos, que tienen índices altos de inflación. Es necesaria una actualización, pero siempre buscando equilibrar. Es un tema difícil e incómodo de hablar, pero tenemos que afrontar como concejales que, además de los usuarios, también están los empleados del transporte que contienen a miles de familias”, desarrolló .
Asimismo, el concejal Cristian Abel (Acción Vecinal), que responde a la línea política del funcionario municipal Carlos Arnedo, adelantó su rechazo a la medida. “Estoy en contra de un aumento, creo que la situación hoy no está para darlo”, aseveró. Propuso, en cambio, que se lleve adelante una reestructuración del servicio para que sea eficiente. “Por los problemas que tiene el transporte es que la gente ha optado y está utilizando más las aplicaciones”, consideró.
Según el conteo interno, el radicalismo y el bussismo también se manifestarían en contra de un incremento. Resta definir qué postura podrían tomar desde el Partido por la Justicia Social (PJS) una vez que el tema llegue al recinto.
Costos del servicio
En paralelo, el sector del transporte pudo resolver algunas cuestiones urgentes, aunque seguiría en una situación complicada.
La fecha tope para que la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) abone los sueldos del personal estaba fijada para los primeros días de esta semana, según lo que se acordó en la última reunión con la Unión Tranviarios del Automotor (UTA). El secretario General del gremio, César González, confirmó que los depósitos se hicieron en tiempo y forma y, a partir de ello, descartó cualquier medida de fuerza.
Además, el chofer adelantó que se pactó una reunión para la semana que viene para empezar a conversar sobre el pago del aguinaldo. También González se refirió al incremento tarifario que se discute en el Concejo Deliberante. “Las empresas están pasando por una situación bastante compleja porque aumentaron todos los costos. Los poderes concedentes, tanto el municipal como provincial, tienen las herramientas necesarias para hacer un estudio y determinar si es real o no lo que piden los empresarios”, señaló.
Por su parte, el prosecretario de la Aetat, Luis García, advirtió que “los sueldos no son nuestro único problema”. “Cubrimos los sueldos netos del personal, pero tenemos que cubrir los embargos de pensión alimenticia que se hizo al personal, los descuentos por obras sociales y un montón de otros componentes que van junto con el sueldo”, indicó. En este sentido, marcó como necesaria una redefinición de responsabilidades para el sector. “Una parte paga el municipio, una parte paga la Provincia y otra el usuario, pero la suma de esas tres no llegan a cubrir el costo de la prestación. Entonces, ¿cómo absorbemos esa diferencia?”, planteó.
“Proceso sostenido de deterioro”
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) elaboró una “carta abierta” dirigida a las autoridades nacionales, provinciales y municipales de todo el país donde advierte que el transporte atraviesa “una de las crisis más profundas de su historia” a causa de un “proceso sostenido de deterioro”. El texto señala que la problemática “es el resultado de años de planificación, de decisiones parciales y de la ausencia de una estrategia nacional de movilidad para el interior argentino” y exige al Estado, en todos sus niveles, a “generar con urgencia una mesa de trabajo permanente” que construya soluciones “reales y sostenibles”.
