El tablero político de la provincia dio el puntapié inicial de cara a la sucesión institucional del próximo año. El peronismo tucumano puso en marcha la ingeniería judicial para habilitar el adelantamiento de las elecciones provinciales de 2027, buscando repetir el esquema temporal que le dio el triunfo en los turnos electorales de 2019 y 2023. La próxima semana se conocerá la postura formal de la Fiscalía de Estado de la Provincia en este proceso, el cual ya se tramita en los tribunales locales con la venia implícita de la Casa de Gobierno.
El propio gobernador Osvaldo Jaldo convalidó la maniobra al manifestar públicamente la intención del justicialismo de “respetar las fechas de las elecciones que se han venido realizando en 2019 y en 2023”, una declaración que ratifica la decisión política de desacoplar los comicios provinciales del calendario nacional y convocar a las urnas para los meses de mayo o junio de 2027.
La trampa constitucional de agosto y el “parche” de los acoples
La necesidad del PJ de recurrir a los estrados judiciales radica en las contradicciones de la propia Carta Magna provincial. Según el artículo 43 (inciso 6) y el artículo 100 de la Constitución de Tucumán de 2006 (reformada durante el alperovichismo), la elección de autoridades gubernamentales debe efectuarse indefectiblemente dos meses antes de que concluyan los mandatos en ejercicio.
Dado que la actual gestión asumió en la última semana de octubre de 2023, la letra fría de la Constitución obliga a que los tucumanos voten en el mes de agosto, tal como ocurrió en las elecciones de 2007, 2011 y 2015. Para sortear este límite, el oficialismo vuelve a apelar a la receta del amparo judicial:
El demandante: En esta oportunidad, la acción de amparo no fue presentada de forma directa por el PJ, sino a través del partido vecinal “Juntos Podemos”, una de las estructuras satélites que opera habitualmente como “acople” del oficialismo en el sur provincial.
El argumento de Aguilares: La impulsora de la medida ante el consejo partidario fue la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla (hija del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla).
La jefa municipal justificó el pedido de inconstitucionalidad de los plazos argumentando que obligar a los partidos a votar en agosto generaría un desgaste logístico y económico insostenible, al superponerse de forma “casi simultánea” con la campaña de las PASO nacionales de 2027.
Los antecedentes que juegan a favor de la Casa de Gobierno
El optimismo en los pasillos de la Casa de Gobierno es total, dado que el Fuero en lo Contencioso Administrativo ya sentó jurisprudencia favorable ante planteos idénticos en el pasado reciente:
El Precedente 2018: Impulsado a través del sello “Frente Renovador Auténtico”, la Justicia declaró la inconstitucionalidad de los límites temporales y le permitió a Juan Manzur adelantar los comicios a junio de 2019.
El Precedente 2022: Mediante una presentación directa del PJ-Distrito Tucumán, los tribunales volvieron a fallar a favor del Ejecutivo, lo que habilitó el decreto de convocatoria para mayo de 2023 (elección que luego se postergó a junio por el fallo de la Corte Suprema de la Nación contra la candidatura de Manzur).
El nuevo expediente quedó radicado en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital, integrada por los magistrados Juan Ricardo Acosta y María Florencia Casas. La apoderada legal de la causa, Soledad Molina Gaudioso, ya incorporó al legajo las actas partidarias y las copias certificadas de los fallos anteriores para blindar el pedido de amparo.
